Incrementar la recaudación y combatir la evasión son objetivos primarios que la Secretaría de Hacienda cumplirá simultáneamente. El tratamiento diferenciado a los contribuyentes será cosa del pasado, con la proscripción de las condonaciones. En el corto plazo, sin embargo, las grandes empresas podrían ser las más afectadas por el endurecimiento de la política fiscal que implementaría la Cuarta Transformación.

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) incluida en el Paquete Económico 2020 incorpora una fracción —numeral XXXII— al artículo 28 de ese ordenamiento, que propone no hacer deducibles aquellos intereses netos que excedan 30% de la utilidad fiscal.

Específicamente, la propuesta establece que los intereses netos por créditos serán no deducibles cuando excedan de 30% sobre la Utilidad Fiscal Ajustada a partir del 2020, e independientemente de cuándo se haya contratado la deuda. El monto de los intereses no deducibles se podrá deducir en los tres ejercicios siguientes nada más.

La iniciativa incluye una excepción a los primeros 20 millones de pesos de intereses deducibles del ejercicio. Lo anterior no será aplicable a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, construcciones ubicadas en territorio nacional, y proyectos para la exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos y para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua. Tampoco aplicará a las empresas productivas del Estado.

Esta no deducibilidad de intereses aplicaría en lugar de la capitalización delgada que actualmente incluye la Ley del ISR. El Paquete Económico 2020 no incluye cambios en lo que se refiere al ajuste anual por inflación.

La propuesta de Hacienda atendería las recomendaciones de la OCDE para combatir la elusión fiscal internacional e inhibir aquellas prácticas que los contribuyentes utilizan para evitar el pago de responsabilidades fiscales conocidas como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Ese listado contempla 15 recomendaciones puntuales a los países miembros para dar soluciones y llevar a cabo una reforma integral en las normas fiscales que faciliten una mejor alineación de la fiscalidad con la actividad económica.

El supuesto sobre el que se basa esta medida es que las empresas con operaciones en varios países inducen un excesivo endeudamiento de sus operaciones en países con alta tasa del ISR para trasladar las utilidades a otros mercados con menores tasas. Al hacer el pago de esos intereses y reducir su ingreso gravable, las subsidiarias pueden desplazar utilidades hacia países con menores tasas impositivas.

Hace tres años comenzó la implementación de la llamada Acción 4 en Europa, pero hasta ahora no ha demostrado tener efectos positivos para la actividad económica e incluso podría haber causado que la inversión cayera 5% en las naciones de la UE que la aplicaron.

México adoptaría esa medida incluso antes que Estados Unidos, Alemania, España, Canadá o Brasil. Actualmente, la autoridad tributaria aplica una regla que le asegura un cobro de impuestos sobre intereses pagados, al tratar como no deducible la parte de intereses pagados hasta por el monto representado por el porcentaje de inflación. El razonamiento es que la inflación se encarga de compensar el poder adquisitivo al contribuyente por la parte del interés pagado hasta por ese monto.

Pero tales restricciones a la deducibilidad de intereses podrían incrementar el costo de capital y, a la inversa, reducir el grado de atracción de inversión en México, así como la creación de trabajo y competitividad. Desde la semana pasada, entre la cúpula empresarial circula media docena de estudios y reportes, realizados por despachos fiscalistas y centros de investigación económica sobre los impactos que tendría esta medida.

Entre esos estudios sobresale un análisis elaborado por Ecanal, la consultoría del economista Rogelio Ramírez de la O, que demuestra el impacto negativo que tendría en empresas asentadas en México dicha doble imposición y recomienda considerar el ajuste inflacionario.

EFECTOS SECUNDARIOS

INTERMEDIARIOS. La inseguridad no es el único problema que afronta el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez. En vísperas de su primer informe de gobierno, deberá proponer una solución para hacer frente a la deuda que asciende a la friolera de 41,769 millones de pesos que heredó del priista Javier Duarte y el panista Miguel Ángel Yunes. El mandatario morenista encargó la planeación de este rescate financiero a Felipe Izaguirre Navarro —quien estuvo a cargo de la bursatilización de la deuda en el sexenio de Fidel Herrera y que hasta la fecha tiene ahorcados a más de 90 municipios—, Orlando Sosa López, y Edgar Amador. Para salvar las precarias arcas estatales, el mandatario morenista pidió autorización al Congreso local para contratar un empréstito por 996 millones de pesos, supuestamente bajo proceso de licitación. Los intermediarios trabajan sin descanso por una nada despreciable comisión de 4 por ciento. ¡Órale! Mientras, la administración morenista va contra cuatro exfuncionarios de Finanzas por presunto ejercicio indebido del servicio público.

TRASPASO. La Red de Carreteras de Occidente, con sus 876 kilómetros de trazos, cambiará de manos el año próximo, cuando la firma española Abertis tome el control de esas concesionarias que operan ocho autopistas en la región centro-occidente del país, entre ellas las que cruzan por el corredor industrial de El Bajío y la Ciudad de México con Guadalajara. En primera instancia, un consorcio formado por Abertis y una filial de GIC, una firma de inversión que gestiona las reservas extranjeras de Singapur, adquirirá 70% que Goldman Sachs Infrastructure Partners posee en RCO en una operación por 1,500 millones de euros. El 30% restante quedaría en manos de inversores privados y afores. La operación supone la entrada del grupo en el negocio de las autopistas de México y consolida la presencia de Abertis como operador de autopistas en América, donde ya cuenta con una fuerte implantación en Chile, Brasil, Argentina y Puerto Rico.

DESLINDES. El abogado mexiquense Mayolo Medina Linares ha pedido a este espacio informar a los lectores que no tiene vínculos familiares con la familia Medina Mora, ni tampoco relación personal alguna con el exprocurador, exembajador y ministro dimitente. De igual forma, el expresidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, aclaró que actualmente está retirado de cualquier actividad política y pública. “Mi nueva vida es académica”, puntualizó.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.