La semana pasada se desató una serie de cautelosas pero contundentes amenazas por parte de los tres gigantes productores de contenido WarnerMedia, dueña de HBO y Warner, Netflix y Disney. En diferentes ocasiones, directivos de las tres empresas se mostraron a disgusto con la nueva ley que el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, firmó y pasó al Congreso, la cual prohíbe el aborto más allá de la sexta semana de gestación.

Después de cuatro décadas del surgimiento de leyes en favor del aborto, una nueva tendencia, promovida principalmente en estados de representación republicana, está surgiendo en Estados Unidos. Al menos 12 estados, entre los que se encuentran Alabama, Luisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio y ahora Georgia, están pasando a sus congresos leyes para prohibir o limitar los abortos.

Si bien cualquier empresa tiene absoluta libertad de elegir en dónde conduce sus operaciones y hace negocios, también es cierto que cualquier entidad federativa con representación democrática tiene todo el derecho de elegir las leyes que considere viables y apropiadas para sus habitantes. Hasta aquí ambas posturas son legales y válidas. Lo que complica siempre las cosas es el peso que la opinión de un gigante pseudomonopólico pueda tener en la economía de una entidad por el simple hecho de no estar de acuerdo con una decisión lícita y válida de la sociedad o que no sea conveniente para sus fines.

Curiosamente, esta polémica llega en una época de gran polaridad y enorme discordia entre las sociedades. No solo en Estados Unidos, sino en casi todos los rincones del planeta las opiniones se encuentran más divididas y polarizadas que nunca y la poca tolerancia a escuchar o entender la posición de los demás esta frustrando la armonía y la paz por el mundo.

Es un tema de preocupación cuando la opinión de una empresa puede afectar seriamente la toma de decisiones políticas o la economía de una población. Es precisamente por esto que las leyes antimonopolio deben revisarse y aplicarse antes de permitir el crecimiento desproporcionado de las empresas de cualquier sector. Justamente, en México se aprobó la fusión Disney-Fox en los últimos meses. ¿Será inteligente socialmente hablando permitir que los gigantes sigan adquiriendo peso suficiente como para doblar una iniciativa de ley promulgada por los ciudadanos de una entidad federativa?

Y hablando de lo mismo...

Una encuesta publicada por CIU con respecto a la efectividad de la aplicación regulatoria en la industria de las telecomunicaciones en nuestro país, nos comparte las siguientes conclusiones y recomendaciones para dicha industria.

La primera revisión de preponderancia determinó que la efectividad de las medidas asimétricas de preponderancia en telecomunicaciones había sido insuficiente para generar condiciones de competencia efectiva. Por lo tanto, CIU sugiere que el IFT y demás organismos regulatorios se enfoquen seriamente en eliminar de manera efectiva los principales obstáculos que impiden la justa competencia en el sector.

Esto a través de:

  • La eliminación de barreras de acceso a la infraestructura existente.
  • Estableciendo nuevas medidas y detonando la eficacia de las ya establecidas.
  • Impidiendo que la fuerza derivada del competidor dominante y el tamaño de su operación genere una regresión competitiva.
  • Evitando una reversión de los beneficios advertidos actualmente por los consumidores mexicanos.
  • Limitando las concesiones de la industria de tal forma que se forme un marco competitivo justo.

Para esto, CIU sugiere:

  • Un marco regulatorio eficaz para proporcionar un acceso oportuno, transparente y no discriminatorio a la infraestructura existente en telecomunicaciones.
  • Dotar de información que otorgue certidumbre y conocimientos técnicos a los concesionarios solicitantes a través de alguna herramienta georreferenciada que permita localizar y acceder, de forma efectiva, a la infraestructura referida.
  • Implementación efectiva de algunas medidas regulatorias ya determinadas en el marco legal actual como:
  • Ejecución de la separación funcional.
  • Pruebas de replicabilidad.
  • Continuar la generación de los informes trimestrales de cumplimiento de agentes económicos preponderantes.
  • Verificar efectos de medidas asimétricas para garantizar su eficacia en términos de competencia efectiva.

Vale la pena añadir que promulgar un marco legislativo donde se genere mayor competencia es una de las mejores decisiones que un gobierno puede tomar siempre.

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Antonio Aja

Columnista

Showbiz