La fatiga, no solo del electorado, sino de los ciudadanos en general, es patente por el poco interés que se genera hacia la vida partidista en nuestro país. Vivimos una real crisis de representatividad que se refleja en grados de rechazo históricos por la poca confianza que se tiene a la actuación de un partido político en concreto, y del quehacer político en lo general. Ahí, postrados en los últimos escalones de la confianza ciudadana, no es raro que sus militantes busquen fórmulas para la legitimación y posicionamiento, en un escenario que se aproxima a un cometido insalvable. Pero, además, cuando las posturas que dictan las dirigencias de los partidos políticos son consistentemente contrarias a las personalmente adoptadas por ciertos legisladores, existe la oportunidad perfecta para deslindarse de la rectoría de los institutos políticos, y ondear la bandera del independiente actuar en apego al mandato ciudadano.

Esto ocurre en tiempo presente en la tradicionalmente denominada cámara alta. Ahí, la rebelión de cinco senadores para formar una fracción independiente, pone en relevancia la fragilidad de la disciplina partidista y, además, marca un antecedente de riesgo para los institutos políticos y coordinaciones legislativas, ante lo álgido y polarizante que resultarán los temas a discutir en fechas venideras.

Pero más allá de la apreciación política del hecho, se encuentra el entramado legal el cual, cabe mencionar, que no está diseñado para dar cabida a lo que el naciente grupo parlamentario plural e independiente solicita. En primer término, no es posible la conformación de grupos legislativos con procedencia política diversa. Esto se regula en el capítulo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tratar de las fracciones parlamentarias. En su artículo 72, tal mandamiento establece con claridad que: “Sólo los Senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario…”. Además, la temporalidad para la constitución de un grupo parlamentario también está detallada en el subsiguiente artículo 73 del mismo ordenamiento al establecer: “Los grupos parlamentarios deberán entregar los documentos referidos en el artículo precedente, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección. El Presidente de la Mesa Directiva formulará, en su caso, la declaratoria de constitución de cada grupo parlamentario en la primera sesión ordinaria del Pleno…”

Y en reforzamiento de los argumentos anteriores, el reglamento del Senado establece, que no se pueden formar grupos parlamentarios después de la declaratoria realizada en la primera sesión ordinaria del Senado. Darle los privilegios presupuestales y de representatividad a los solicitantes, constituiría una contravención legal, de aquellas a las que no debemos acostumbrarnos.

Sin embargo, estimo que es un buen momento para explorar nuevas rutas en nuestra democracia y estado de derecho, donde se puedan revalorar a los partidos políticos, siempre y cuando éstos abandonen las prácticas perniciosas que hoy los mantienen en un divorcio permanente con la confianza de los mexicanos.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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