México y Estados Unidos parecen estar inmersos en un episodio de tensiones y desencuentros por los efectos de diversas determinaciones traducidas en reformas desde nuestro país. A lo anterior, habría que sumar que las políticas públicas, aderezadas con una particular visión de los problemas migratorio, medio ambiental y laboral, mantienen esa tirantez a grados de ruptura. Precisamente en este último rubro, el laboral, es donde recientemente se ha profundizado el desencuentro por la presentación de una denuncia laboral, impulsada por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

Este mecanismo de inconformidad, se encuentra previsto en el capítulo 23 del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que en materia laboral establece la posibilidad de acceder al mecanismo de respuesta rápida. Dicha vía, concede a los quejosos la garantía de investigar su reclamo mediante un panel especializado e independiente, quienes se allegarán de los elementos necesarios para dictaminar si existe una negación en los derechos laborales, y si es que esta violación tendría la potencialidad de bloquear importaciones.

Nada extraño tendría esta situación, ya que en el devenir natural de la relación en materia laboral que surge del Tratado, los compromisos adquiridos por México, plantearon una democratización de la vida sindical, así como la creación de tribunales especializados en lo local y otra serie de acciones que con la burocracia y la pandemia se han visto ralentizadas.

Pero en el tiempo que se vive resulta sensacionalista e inconveniente para la relación ya que a pesar de la fachada que ambos gobiernos relucen, la incomodidad es notoria para esos temas insolutos; con una relación no consolidada y no ajena al recelo por la predilección pasada de nuestro ejecutivo federal por el infausto Donald Trump. Así, esta es una presión adicional que bien podría escalar dentro del mencionado mecanismo, incluso hasta el grado de la imposición de aranceles especiales o multas. Lo anterior por supuesto después del procedimiento establecido donde se cuenta con un periodo de 30 días para que el gobierno estadounidense determine si es que el caso tiene mérito, y, además, en el periodo de 55 días posteriores tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano.

De entrada, ya reluce un escenario complicado. ¿Había necesidad de enrarecerlo aún más con la actitud amenazante de nuestro país por el supuesto financiamiento estadounidense a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad? Aún cuando la correlación en la materia resulta a primeras luces inexistente, tal parece que como país nos estamos empeñando en enlodar la diplomacia que va a ser sumamente necesaria ante las controversias presentes. En una distorsionada idea de no injerencia, cabe un radicalismo que el tío Sam no aprecia y, es más, tiende a responder con implacable severidad. ¿Lo necesitamos?

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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