Cuarta parte

En las pasadas tres entregas comentamos cómo la existencia real de una política industrial —sobre todo encaminada a apoyar el desarrollo de los estados del sur que no han sido impactados favorablemente con la integración comercial con EU y Canadá—, el freno a la corrupción —como principio y fin de la política económica—, y la reorientación del gasto público hacia los más necesitados son elementos que distinguen al gobierno de cambio del presidente Andrés Manuel López Obrador de los anteriores. En esta entrega se argumenta que la eliminación de los intermediarios —burocráticos y oficiosos— en la entrega de recursos y beneficios públicos es, sin duda, otro de los elementos de cambio que este gobierno ha introducido dentro de su política económica. Asimismo, la centralización de los sectores: salud, educación y bienestar es un elemento de cambio encaminado no sólo a eliminar la corrupción sino a focalizar de una manera más clara el esfuerzo que el Estado hace para con estos sectores. En efecto, los nocivos resultados que luego de 20 años de descentralización educativa hacen, por ejemplo, necesario que sea el Estado quien necesariamente administre los recursos públicos orientados para el pago de maestros y, en general, aquellos fondos que sirven para mejorar el equipamiento educativo. Ya el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ha comenzado, en un hecho inédito, a generar una dinámica en la que autoridades, padres y madres de familia, y maestros sean quienes decidan en qué aplicar los recursos públicos en lo que a reparación de escuelas concierne. Con esta acción se pretende que el dinero público para educación —uno de los más abultados del presupuesto— llegue directamente a las manos de los interesados, evitando contratistas que, al cabo de los años, no entregaban lo que se les pedía muchas veces en contubernio con las propias autoridades.

Este ejemplo en educación lo apreciamos en la salud y los programas de bienestar. En donde año con año nos enteramos de que el haber entregado los recursos públicos a los gobernadores de los estados no garantizó transparencia en su utilización, ni el correcto abasto de medicinas, tampoco apoyos a las comunidades marginadas y ni siquiera el pago de la nómina de los maestros. Si bien a nivel federal se logró el correcto y oportuno abasto de medicamentos, es de todos conocido que a través del llamado Seguro Popular muchos gobiernos de los estados desviaron dinero a empresas de familiares que se convertían, sexenio local tras sexenio, en distribuidoras, transportistas y colocadoras de medicamentos para luego desaparecer al finalizar el gobierno estatal. La compra y distribución de medicamentos de manera centralizada a nivel federal ha demostrado su eficiencia y transparencia en los casos como el IMSS y el ISSSTE, no así a nivel local. Este mismo fenómeno se aprecia en los demás sectores. Así, en tanto no se establezcan correctamente los mecanismos adecuados de control y supresión de corrupción no se puede establecer otra forma de aplicar el dinero de los contribuyentes que, de manera centralizada, ofrece con impecable transparencia el propio presidente.

En los últimos años, el país dio cuenta que la federalización del manejo y gasto de la mayor parte de los recursos de los contribuyentes no generó eficiencias y sí provocó niveles altos de corrupción. La crítica: centralización vs federalización forma parte del debate económico de siempre; sin embargo, en el caso mexicano el ver cómo año con año se amasaban cuantiosas fortunas al amparo del poder político sin que los ciudadanos recibieran efectivamente el dinero que les corresponde producto de la distribución de la riqueza que debe de garantizar el Estado, orillan a dejar de lado el viejo debate y poner orden en la entrega de dinero público a sus destinatarios. En este mismo orden de ideas, se encuentra la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución de apoyos a los más necesitados. En esta lógica, se ha señalado incorrectamente al gobierno por haber eliminado la entrega de dinero a los gestores e instancias infantiles argumentando que las madres e hijos quedarían sin protección para este, tan importante, beneficio que representan las estancias. No obstante, al cabo del tiempo se ha ido demostrando con la entrega del apoyo directamente a las madres para que sean ellas quienes determinen a qué estancia infantil lleven a sus hijos mientras trabajan y es que no hay que subestimar a la gente, que sabe perfectamente qué necesita y cuándo lo requiere. No necesariamente es el caso de las estancias infantiles, pero ha quedado demostrado con evidencia empírica que, en el pasado, por cada peso que el gobierno mexicano entregaba a los mexicanos necesitados sólo recibían 20 centavos. Es mucha la corrupción y muchas las manos que intervienen en la entrega de dinero público a las personas y comunidades que menos tienen; el paso de los años nos enseñó que se lucró inmoralmente con la salud, educación y el combate a la pobreza, por lo que este gobierno nos da la oportunidad de corregir esta realidad como un elemento central de su política económica que lo diferencia de los anteriores.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas