El concepto de outsourcing ha quedado atrás desde hace años. En el 2012, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), se dejó de lado el concepto anglosajón outsourcing y se pretendió corregir poniéndole el nombre de régimen de subcontratación.

El outsourcing venía del modelo estadounidense donde una empresa se dedicaba a un objeto y el resto lo contrataba a través de diversos proveedores. Así, una empresa sin áreas contable, de ventas, legal, de vigilancia, de limpieza, de sistemas, de recursos humanos y reclutamiento podía armar coches.

El beneficio era claro. Los dueños y socios de la empresa no necesitaban ser peritos en todas las actividades de su empresa y sus costos bajaban si elegían al mejor proveedor del mercado para cada actividad y rama.

Así, una comercializadora podía tener buen reclutamiento, planes de retención, el mejor cuerpo de abogados, contadores y vendedores con cartera de clientes, sin necesidad de salirse de su actividad o contratar como empleados a dichos profesionistas.

Por un tiempo, las industrias prefirieron este tipo de contrataciones externas reguladas en el derecho mexicano desde los contratos de prestación de servicios independientes. Conforme fueron creciendo, se dieron cuenta que para ser más competitivas requerían tener en sus filas los mejores profesionistas, pero esas decisiones dependen mucho del tamaño de la empresa y la rama de su actividad.

Claramente, una pequeña empresa o startup no puede darse el lujo de considerar esas posiciones en su presupuesto antes que los empleados de nómina que efectivamente reportan y crean utilidades a la compañía.

Seis de cada 10 empresas nuevas no duran más de un año ni llegan al punto de pensar siquiera en crear una escalera corporativa.

En el 2012 se integraron los cuatro artículos de la LFT que regulan y definen al régimen de subcontratación, pero los legisladores supusieron que lo que acontecía en México era un espejo de la figura multicitada, y olvidaron que la función del derecho siempre es regular lo que sucede en los hechos.

Desde hace más de 20 años, lo que se hace es que las empresas contratan a empresas administradoras de recursos humanos para que sean éstas quienes recluten al talento humano, lo examinen, lo perfilen, lo contraten, lo administren e, incluso, se encarguen de darles los valores agregados que no encontrarían en el mercado, a fin de evitar el robo de talento.

El nombre de esta actividad no es subcontratación, sino administración integral de capital humano.

Eso no es algo nuevo. La Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo estima que las empresas que han adoptado este régimen lograrán en cinco años crear más de 280 millones de empleos en el mundo. Lo lamentable es que cuando parecía que por fin México empezaba a ajustarse a la realidad de la industria, creando más empleos y regulando este tipo de esquemas, lejos de promoverse la creación de leyes específicas que regulen la subcontratación y amplíen su espectro para normar la administración de capital humano, ahora se pretende menguar la figura.

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, de Morena, presentó el 15 de enero una iniciativa de reforma en la que pretende reducir el fenómeno mundial de tercerización en este país a la “ejecución ocasional de trabajos”. Redacción que resulta por demás miope conforme a las necesidades del sector, sobretodo en el de la prestación de servicios.

Los legisladores tendrán que estar más atentos para ampliar su visión y regular lo que en la realidad mexicana acontece; la subcontratación, que a su vez denota el crecimiento diario que tiene la administración integral del capital humano.