Dentro de tres días, los diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Guanajuato comenzarán el segundo periodo ordinario de su segundo año de trabajo.

A la agenda que consensuan las fracciones parlamentaria, deberá sumarse con carácter de preferente la iniciativa del gobernador panista, Miguel Márquez, para modificar la Constitución local, a fin de prohibir el uso de suelo destinado a centros de apuestas y juegos de azar.

El Ejecutivo guanajuatense enviará esa propuesta de reforma, avalado por los alcaldes y los dirigentes empresariales de León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Salamanca, los cinco municipios con mayor actividad económica en aquella entidad.

Una solución local para un fenómeno de alcance nacional, pero que tiene mayor incidencia otros estados de esa zona del país el Bajío , en los estados fronterizos y en el Distrito Federal. En León, actualmente operan ocho salas de sorteos de números conocidas popularmente como bingos de distintas compañías; tres en Irapuato y Salamanca, respectivamente, y dos en San Miguel de Allende.

Según el Mandatario guanajuatense, no se trata del número de locales en funcionamiento que seguirían su operación normal sino de evitar su proliferación. Es un tema de prevención, es el sentido de que esta iniciativa ayudará a mejorar las condiciones de armonía y de paz, pero sobre todo, a mejorar la relación dentro de nuestras familias y comunidades , destacó.

Ese razonamiento impecable en términos de prevención del delito e incluso de estabilidad social contraviene la lógica aplicada por las autoridades panistas, que desde los tiempos de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación, incentivaron a una industria que generaba fuentes de empleo, derrama económica en zonas depauperadas y, sobre todo, ingresos para la Federación.

¿Di no a los casinos o a los escándalos por los moches que perseguirán a diputados federales y senadores del PAN ligados al maderismo? Así como los panistas satanizaron al mandamás de Grupo Caliente, Jorge Hank Rhon, pronto podrían afrontar escándalos de dimensiones catastróficas en Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, donde el gobernador Márquez buscaría curarse en salud, a sabiendas de la compelida instalación de books y salones de bingo en los cinco municipios antes citados y la existencia de otras licencias, que ampararían la operación de una veintena más de locales cerrados.

Al margen de esas prohibiciones constitucionales, están las maquinitas que operan en tiendas de abarrotes, papelerías y farmacias de todo el país. A pesar de que esta administración federal decidió combatirlas, los empresarios del ramo calculan que aún funcionan más de 70,000 aparatos de este tipo sin ninguna regulación y, por ende, sin pagar impuestos a municipios, estados o la Federación.

Ya sea en las tienditas o en los casinos, la industria de las apuestas en México opera bajo un manto de corrupción, extendido por el desorden administrativo que impera en la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) desde hace una década y que no pudo arreglarse, ni con el cambio de régimen ni con la actuación de las comisiones legislativas, que han adoptado posturas en favor de algunas de las empresas más poderosas.

El Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Poder Judicial ampara el funcionamiento de una industria que en los tribunales ha subyugado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El caso de Entretenimiento de México es emblemático de los enredos judiciales que han prohijado a los casineros, pero hay otros ejemplos de la futilidad de una reglamentación incompleta.

Entre los más dramáticos está el caso de la empresa Juegos y Sorteos de Jalisco, que solicitó abrir 35 salas de sorteo de números, mismas que le fueron negadas por la DGJS de la Secretaría de Gobernación, el 12 de marzo del 2009. Un mes después, los representantes legales de la empresa tramitaron un amparo y el Séptimo Tribunal de Distrito en materia administrativa terminó por obligar a la dependencia a extender el permiso, el 22 de octubre del 2010.

Las 35 salas quedó dispuesto en ese documento deberían estar en funcionamiento en los primeros siete años de vigencia del permiso. Para diciembre del 2014, Juegos y Sorteos de Jalisco debería tener abiertos 20 establecimientos, pero al día de hoy no cuenta con uno solo. Y la autoridad, en vez de obligarla a cumplir con el calendario de aperturas, emitió cuatro oficios modificatorios del permiso original entre julio y diciembre del año pasado que le autorizan la instalación de máquinas tragamonedas, mesas electrónicas y la captación de apuestas por Internet.

Para vencer a las mafias que dominan a la industria de los sorteos, en suma, se necesita mucho más que prohibirles las licencias de uso de suelo. Allí están, por ejemplo, las actas circunstanciadas abiertas en la SEIDO (UEIDORPIFAM/178/2013, del 18 de junio del 2013), a partir de la información proporcionada por la DEA sobre los dueños de las firmas Petolof y Urban Publicity, por su presunta responsabilidad en conductas ilícitas, que van de la extorsión al lavado de dinero, en ambos lados del Río Bravo.