Es fundamental que haya una sanción fuerte para alcaldes y gobernadores abusivos; no se trata de?chivos expiatorios, sino de castigos ejemplares.

La deuda de los gobiernos locales es una crisis que genera una oportunidad inmejorable para poner orden. Será un desperdicio si la solución no implica una nueva situación donde haya más transparencia y rendición de cuentas, además de sanciones para los que hayan abusado del presupuesto.

Por el momento, no representa un riesgo de quebrantamiento sistémico. Significa apenas 1.56% del PIB y 10.9% de la cartera de crédito de la banca comercial. El problema no está en los promedios ni en las cifras agregadas, sino en el detalle y en los casos concretos.

Cinco de los 10 mayores municipios del país están en riesgo severo de insolvencia y han dejado de pagar algunos de sus compromisos: Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana, Benito Juárez (Cancún), Nuevo Laredo, Mexicali. En el caso de los estados, hemos pasado del asombro inicial frente al caso de Coahuila al entendimiento de que se trata de un problema de opacidad y sobreendeudamiento generalizado. Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo tienen niveles de deuda que revelan descontrol que no parece corresponder con el nivel de desarrollo de esas entidades.

El problema trasciende los créditos bancarios. De hecho, el riesgo de no pago a las instituciones del sector financiero es bajísimo. Ellas están bien cubiertas con las garantías que firmaron los gobiernos locales. Los focos rojos están en los compromisos con proveedores y acreedores no bancarios. Un lugar muy importante en esta lista de riesgo corresponde a empresas constructoras, como queda claro en el caso de Chiapas. Allí, el gobierno de Juan Sabines dejó colgadas a decenas de constructoras, con impagos superiores a los 400 millones de pesos.

Esta crisis de deuda producirá un cambio en el balance de poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Los gobiernos de Fox y Calderón implicaron el crecimiento exponencial de los recursos a disposición de gobernadores y alcaldes. Las participaciones a los gobiernos estatales fueron 1.3 billones de pesos en el sexenio de Ernesto Zedillo y llegaron a 2.7 billones (en términos reales) en la administración de Felipe Calderón. El aumento en las participaciones federales les dio acceso a créditos que estaban avalados por las participaciones, con lo que se generó un círculo vicioso en toda forma.

Está en proceso de definición un nuevo estatus donde Hacienda tendrá más fuerza y la ejercerá. Los gobiernos estatales y municipales sufrirán una reducción drástica de su soberanía presupuestal y financiera.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobada a fines del 2012, será un instrumento fundamental para que Hacienda obligue a los gobiernos locales a entregar información de mayor calidad y detalle. Un segundo elemento será la ley de responsabilidad hacendaria, que fijará topes al endeudamiento. Adicionalmente, se utilizarán esquemas de premios y castigos para garantizar que los gobiernos locales se alineen al nuevo orden.

No bastará con lo que se haga del 2013 en adelante. Es clave que haya una sanción fuerte para alcaldes y gobernadores que hayan abusado. No estoy hablando de chivos expiatorios, sino de castigos ejemplares para la corrupción. Si no hay un alcalde o gobernador en la cárcel, quedará la sensación de que la impunidad cabe en el nuevo orden. Una crisis grave es una oportunidad para cambiar las cosas que no deben dejarse pasar.

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