¿Quiere usted saber si la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó las recomendaciones de la CEDAW y qué secretarías le dieron seguimiento? ¿Le importa saber si los recursos destinados a la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México se distribuyeron equitativamente o en función de colores partidistas? ¿Quiere entender qué pasó con el Paso Express que provocó el socavón? ¿Le gustaría saber cómo se distribuyen los recursos en los programas sociales de la 4T? ¿O acaso le importaría averiguar qué pasó realmente en Tlatlaya o en Culiacán?

En más de un caso, obtener esta información acerca del uso de recursos públicos, relacionada con el seguimiento o evaluación de políticas públicas   o con la actuación de las fuerzas armadas o de las autoridades en casos de violaciones de derechos humanos o corrupción, requiere de un organismo autónomo que recuerde a las autoridades su obligación de transparentar la información acerca de la acción gubernamental. Pocos funcionarios o instituciones están dispuestos a rendir cuentas y menos cuando saben que no publicaron a tiempo la recomendación de CEDAW, le dieron más recursos de la AVG a los municipios del partido oficial que a los “adversarios”, le otorgaron un contrato millonario a una persona o grupo sin licitación, o modificaron la escena del crimen para ocultar abusos de los encargados de guardar el orden y la legalidad.

Sin el INAI (antes IFAI) seguiríamos ignorando mucho de los casos más sonados de corrupción y violaciones de derechos humanos de las últimas dos décadas. Sin el INAI ignoraremos mucho de los casos de corrupción y violaciones de derechos humanos bajo este gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales en esta nueva década.

Por ello, ante el nuevo embate presidencial contra los organismos autónomos, en particular el INAI, hace falta recordar, como ya lo han hecho especialistas, columnistas y ONG como Artículo 19, Fundar, México Evalúa, que éstos  “han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a  la información”. No fueron amable concesión ni ocurrencia de “gobiernos neoliberales” sino logros de la ciudadanía (academia, ONG, especialistas, en alianza con funcionarios) para poner límites a la opacidad, arbitrariedad y abusos de los gobiernos presidencialistas y dar mayor capacidad de control a la sociedad a través de organismos autónomos del gobierno y de grupos de poder. Si bien ninguno de estos organismos es perfecto, destruirlos so pretexto de la “austeridad” o de “la prioridad de las vacunas” es recurrir a una falacia con el único fin de concentrar el poder y limitar – o eliminar- la rendición de cuentas y cualquier posible incidencia de la sociedad civil en la actuación gubernamental.  Si la salud y las vacunas son prioritarias, como deberían serlo, bien se puede cancelar o posponer el proyecto del mal llamado “tren maya”, ampliamente impugnado por comunidades locales.

Argumentar que estos organismos” cuestan caro” es otra falacia que lleva a preguntar, como señala una defensora de derechos humanos entrevistada para esta columna, ¿por qué este gobierno no quiere invertir en instituciones como el INAI o en la tecnología necesaria para el funcionamiento de ésta o el IFT por ejemplo? La tecnología de punta y los mejores expertos pueden ser “caros” pero son indispensables.

Como también señala esta defensora, resulta paradójico que este gobierno – que se ha beneficiado con las investigaciones sobre casos de corrupción- ahora prefiera la opacidad. La pregunta que cabe hacerse entonces, señala, es ¿qué piensan dejar en 2024? ¿Una ciudadanía desvalida, despojada de instancias intermedias para contener la corrupción y la arbitrariedad?  O, añado, ¿Una sociedad sin recursos para exigir información sobre pasados y futuros Atencos  o sobre la depredación del Tren Maya?

¿Acaso este gobierno no ha pensado en un posible regreso al poder de sus odiados PRI-PAN-PRD?  ¿Acaso cree que “llegó para quedarse”? ¿O después de la 4T, el diluvio?

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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