Algo muy común de la industria de telecomunicaciones es la tendencia de simplificar las cosas. Tomar un par de datos y tratar de explicar con ellos la complejidad de un ecosistema que incluye aparte del aspecto monetario, una enorme cantidad de reglas dictadas, por un lado, por la normativa local y por otro, por los límites que impone la tecnología.

Aunque parezca sorprendente, en telecomunicaciones también hay que lidiar con reglas no escritas que surgen en algunos casos de temores infundados, diferencias culturales o simplemente errores en comunicación por parte de algunos de los actores. Quiero aclarar que cuando menciono actores incluyo no sólo a reguladores o prestadores de servicio sino también a proveedores de infraestructura, desarrolladores de aplicaciones, proveedores de equipo y representantes de la sociedad civil.

Entre los errores de percepción existentes en el mercado se destacan todos aquellos referentes a las redes de servicios móviles, lo que no debe sorprender pues estos servicios son los que concentran la mayor cantidad de usuarios en el país.

Un dato incorrecto con relación a estas redes es que una vez que se le asigna espectro radioeléctrico a los operadores, éstos ya pueden ofrecer rápidamente su servicio y automáticamente mejorar la calidad de los mismos. Otro error muy común es expandir el término inalámbrico más allá de la interacción de la red con el usuario. Lo primero que se debe entender es que gran parte de las redes inalámbricas cuentan con infraestructura cableada que sirve para conectar a las antenas con la red dorsal de telecomunicaciones del país. Para lograrlo, cada nueva tecnología móvil ha requerido una conexión capaz de soportar una mayor cantidad de tráfico. Mientras las antenas GSM con una conexión E1 (cerca de 2 Mbps) era suficiente para conectarla a la red nacional, la llegada de HSPA+ y LTE exigen enlaces de fibra óptica que puedan transmitir velocidades hasta 100 veces más rápidas.

Sin la posibilidad de desplegar esta infraestructura cableada que complemente a las antenas, se convierte en una apuesta sumamente complicada estimar los tiempos de mejora de calidad de servicio si éstos son causados por simple congestión de la red.

Ante esta realidad, encuentro interesante el comunicado publicado hace poco menos de dos meses por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) de México, que acertadamente considera importante que los esfuerzos para regularizar los temas de instalación de infraestructura de telecomunicaciones no sean esfuerzos aislados por parte del gobierno del Distrito Federal, estados y municipios, sino que en términos de la reforma constitucional en telecomunicaciones, y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sean esfuerzos coordinados y de aplicabilidad federal.

Lo que indica el Idet es un problema muy importante que enfrentan todas las empresas de telecomunicaciones, independientemente de su localidad o tamaño. Hay una gran diferencia en los tiempos que transcurren desde el momento de solicitar autorización para desplegar infraestructura y el de obtener respuesta.

Imaginen que un operador desea ofrecer cobertura en una zona rural donde no tiene presencia pero para hacerlo necesita solicitar autorización a 50 gobiernos locales diferentes. Si 25 dicen que no, pues aparte de no obtener el servicio y obstaculizar servicios de salud y educación por el móvil, la percepción de los clientes es que la nueva cobertura tiene importantes baches de cobertura.

El mensaje para las autoridades es trasparente: no sólo basta con autorizar la oferta de servicios o adjudicar concesiones, se tiene que viabilizar el despliegue de infraestructura que permita la expansión de nuevas tecnologías en el país.

*José F. Otero es director de 4G Americas para América Latina y el Caribe.