Uno de los primeros problemas que tiene esta discusión de dejar de utilizar el salario mínimo como referencia para asuntos diferentes al ingreso de un trabajador es que esa famosa palabra de desindexar no existe en castellano.

Pero bueno, si la aportación lingüística de la desindexación permite entender un concepto de manera clara, pues bienvenida la aportación al lenguaje.

El tema es que al salario mínimo le hacen el favor de separarlo de la referencia para el pago de seguros, multas, créditos y demás, al tiempo que lo indexan a las causas de políticos y partidos.

La medición de la inflación debería ser suficiente para actualizar esos pagos. Pero en ese afán por sacarle un poquito más a los multados, a los acreditados, a los contribuyentes, encontraron en el salario mínimo esa oportunidad de estar cada año más arriba de la inflación.

Con los años se corrompió este indicador y acabó por parecerse mucho al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en detrimento de la deseable mejora del ingreso de los trabajadores.

Ante la realidad de que quieren multas más altas que la inflación y que hay que liberar al salario de esos lastres, se va a crear un indicador que actualice esos cobros y libere al mínimo de la loza que le impedía crecer.

Este proceso está a punto de quedar listo con la aprobación de la modificación constitucional en la mayoría de los congresos locales, después hay que esperar a que lo publique el Ejecutivo y se creará la unidad de medida que dejará libre el camino para que pueda mejorar el salario mínimo, actualmente en 70 pesos diarios.

Pero hay una cadena que, lejos de cortarse, se afianza. El nuevo lastre para que mejore el salario mínimo es la indexación del salario mínimo a las intenciones políticas de personas y partidos que tienen claro que no hay mejor paternidad que la de un aumento al salario de los electores.

Al jefe de gobierno del Distrito Federal le toca darle movilidad a la ciudad, seguridad, transporte público y tapar baches. Quizá, ante la falta de buenos resultados en esas obligaciones, ha tomado la espada en defensa del salario mínimo nacional, algo que no está en la lista de obligaciones por las que se le paga.

Los partidos políticos se suben a todas las que suenen a buena prensa y la defensa de los mínimos es una excelente oportunidad para ellos. Por eso hay en curso una cruzada panista para impulsar un fuerte aumento al mínimo.

Y desde el gobierno federal saben que la medalla de un posible aumento se la llevará quien haga más ruido al momento en que se dé el incremento.

Si todo quedara en políticos oportunistas, no pasaría realmente nada. El problema es que tanto manoseo está indexando el posible aumento a otro tipo de salarios. Los trabajadores que tienen relaciones contractuales, superiores al mínimo, querrán ser partícipes de 15 o 20% de aumento al mínimo, porque hay un señor político y unos señores de los partidos políticos que todo el día hablan de la justicia de subir el ingreso de los trabajadores.

Ése es el nuevo lastre para mejorar los mínimos. Pensar en aumentos por decreto sería alentar una de las peores competencias que puede enfrentar una economía: la que se da entre precios y salarios. Porque esa siempre la pierde el trabajador.