No nos pueden dejar de sorprender casos como el de Florence Cassez o el michoacanazo o el de Toño en Presunto Culpable, o el de Jorge Hank Rhon o el de Pablo Salazar o el de... o el de...

No nos puede dejar de sorprender el hecho de que en México la mayoría de las acusaciones carezca de evidencia física. Tampoco que la mayoría de las sentencias sean condenatorias ni que casi la mitad de los presos es torturada por la policía; ni que la mayoría de los presos nunca vio una orden de aprehensión cuando fue detenida ni que la mayoría de los acusados no vea al juez en todo el proceso; tampoco que se detenga y sentencie al delincuente en sólo uno de cada 10 casos.

Vivimos en un Estado de Derecho completamente debilitado. No nos debe dejar de sorprender. La costumbre es nuestra peor enemiga.

Hace unos meses el World Justice Project publicó el Reporte 2010 del Índice del Estado de Derecho .

El índice está integrado por 10 factores y 49 subfactores englobados en cuatro principios que definen al Estado de Derecho: 1) El gobierno, sus funcionarios y sus agentes rinden cuentas bajo el mandato de la ley. 2) Las leyes son claras, públicas, estables y justas y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y su propiedad. 3) El proceso por el que se crean, se administran y se hacen cumplir las leyes es justo y eficiente. 4) El acceso a la justicia es garantizado por funcionarios judiciales competentes, independientes y éticos, suficientes en número, que cuentan con los recursos necesarios.

¿Cómo está evaluado México? Básicamente sale reprobado en todo.

Y si comparamos nuestros resultados con otros países de la región o con otros países de nivel de ingreso similar, salimos en último lugar.

En el caso específico del acceso a la justicia, nuestro sistema está fallido. De acuerdo con este reporte sobre el Estado de Derecho no se respeta ni el debido proceso ni las garantías del acusado.

El sistema judicial no está libre de influencia indebida, no es imparcial, no es efectivo y no es eficiente. Los ciudadanos no tienen acceso a una defensa legal ni a los tribunales.

¿Ya nos acostumbramos? ¿Ya no nos sorprende? ¿Qué hemos hecho para fortalecer nuestras instituciones?

[email protected]