La noticia que ha prevalecido recientemente es la discusión sobre las propuestas de austeridad y contra la corrupción del presidente electo, López Obrador. Si bien me parece muy importante poner estos temas sobre la mesa, debo reconocer que el enfoque de algunas políticas también me llena de dudas.

Hasta principios de este año, tuve el honor de servir a mi país como presidente del Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (Indaabin) y, desde mi experiencia, debo señalar que tanto la descentralización o pulverización del ejercicio de la función pública como el desmedido recorte de salarios a servidores públicos son las propuestas que, por mucho, más me preocupan y generan incertidumbre. Si bien, al día de hoy el gobierno cuenta con 116 inmuebles de propiedad federal distribuidos en 25 estados de la República listos para utilizarse, esto no significa que sean idóneos para cada dependencia que se descentraliza; justamente la razón por la cual forman parte de este inventario es que no fueron considerados útiles para el servicio público. Por lo mismo, el papel del Indaabin será trascendental en la siguiente administración en la implementación de esta política, pues es necesario que este organismo avale la cantidad de personas que estarán en cada inmueble conforme a la normatividad, revise si existen inmuebles federales disponibles con las características necesarias así como su ubicación y que autorice los arrendamientos correspondientes o los proyectos de obra pública para la construcción de las nuevas oficinas.

Dentro de este punto, me parece importante señalar que el argumento del nuevo gabinete se ha centrado casi exclusivamente en la gran necesidad de promover el desarrollo económico regional y se ha pasado por alto el aspecto más importante de esta propuesta y del servicio público federal: su capital humano.

Desplazar a los servidores públicos a lo largo y ancho de la República es algo sumamente complejo que requiere una planeación estratégica adecuada. Con la propuesta, pareciera correcto politizar la vida de profesionistas, desaparecer de un plumazo 70% del personal de confianza, cambiar ubicación, horarios y días de trabajo y reducir el sueldo.

Cuando fui presidente del Indaabin, tuve el privilegio de trabajar con miles servidores públicos con vocación de servicio, profesionales especializados en su respectivas encomiendas y comprometidos con México. Durante muchos años, se ha satanizado a los funcionarios públicos y, en ese sentido, habría que reconocer que sus condiciones laborales han ido disminuyendo, los centros de trabajo demeritándose y mucho menos se ha podido avanzar en la flexibilidad de horarios y en la equidad de sueldos. Ni qué decir de un sistema de evaluación que premie la productividad o que facilite la separación a quien no cumpla adecuadamente los objetivos de sus plazas. En pocas palabras, el área de recursos humanos en el gobierno federal lleva años en crisis, salvo en unos pocos niveles de confianza que han logrado negociar salarios congruentes con el nivel de responsabilidad nacional.

Con esto debo insistir que señalar a los miles de servidores públicos como corresponsables de los complejos problemas que tenemos solamente me parece una válvula de escape que redirige el resentimiento social a quienes menos la deben.

Si lo que se busca es acabar con la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción, es inminente poner en el centro del ejercicio de gobierno al servidor público. Diseñando políticas de recursos humanos que permitan la atracción de talento, que castiguen decididamente todo acto de cohecho y desviación, cuyos centros de trabajo sean dignos y donde la tecnología sea la herramienta que facilite la transparencia y eficiencia para el ciudadano. Cualquier otra opción es una equivocación.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Candidata a diputada federal plurinominal en la Tercera Circunscripción Electoral por el Estado de Tabasco y expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC.

SorayaPérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.