Son ya cuatro días de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, que en cualquier circunstancia siempre es dolorosa. El conjunto de la sociedad mexicana, sin distingo de posiciones ideológicas y partidarias, ha manifestado su pesar y solidaridad con su familia.

Lo único cierto hasta ahora es que desapareció y existen evidencias para afirmar que se le forzó. Todos lo demás se desconoce. Las autoridades investigadoras son las únicas que pueden tener información y al momento de escribir esto siguen sin ofrecerla.

La familia ha ido más allá, suponemos que en acuerdo con las autoridades, y el lunes 17 de mayo ha hecho pública una carta en la que pide a quien tenga retenido a Fernández de Cevallos se ponga en contacto con ellos para negociar su entrega.

Lo que es también evidente y puede ser motivo de análisis es la manera que reaccionó el gobierno. Los hechos ocurrieron a la medianoche del viernes 14 de mayo y la familia dio aviso a las autoridades queretanas a las 7:30 del sábado 15 de mayo. Estas dieron de inmediato parte a la PGR y a la Presidencia de la República.

La información de los hechos no vino del gobierno, sino de la página de Internet de un periódico de Querétaro. La prensa del país de ahí toma la primera versión de los hechos. El que pasaran las horas sin el pronunciamiento del gobierno abrió el espacio para todo tipo de conjeturas e incluso falsedades.

Las autoridades, por eso mismo, en un primer momento no intervinieron en la construcción de la agenda mediática que quedó en manos de los medios. Lo hizo hasta las 2 de la tarde del sábado 15 de mayo cuando habían pasado 14 horas de la desapa­rición y ocho horas del aviso de la familia.

El boletín de prensa de la PGR y la salida de su portavoz, Ricardo Nájera, empieza a poner freno a las especulaciones, errores y mentiras de algunos miembros de las redes sociales, de ciertos comentaristas y medios.

El gobierno logra intervenir en la construcción de la agenda sobre el lamentable suceso sólo hasta corregir su fallo inicial. Es cuando la versión de la PGR, que declara como desaparecido a Fernández de Cevallos, se hace valer como la versión oficial y los medios se ven obligados a recoger y difundir.

La investigación corre a cuenta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro con el apoyo de la PGR. Ellas son las que tienen la información que están obligadas a hacer pública, sin poner en resigo las pesquisas, con rigor y veracidad.

Ésta es la forma de cerrar el espacio a la especulación. El gobierno ha probado en los casos del accidente de Juan Camilo Mouriño y de la epidemia de la influenza que ésa es la única forma de atajar la desinformación. Eso mismo tiene que hacer ahora.