Es más fácil demoler que construir, sobre todo cuando los fetiches ocluyen el razonamiento. Creen que si a México le va mal, a ellos les puede ir bien. No están para detalles técnicos o institucionales; lo suyo es la vociferación dogmática en fuga hacia el pasado. Elocuente es que los furiosos opositores a la reforma energética no sean capaces de contribuir un simple clavo a la compleja arquitectura que hoy se desarrolla para lograr un sector energético eficiente, competitivo y sustentable. Y es lógico.

El desafío jurídico, institucional y técnico de la reforma energética es formidable. Antes de que termine abril debe llevarse a cabo la Ronda Cero, en que Pemex informe a la Sener cuáles son los campos o yacimientos que desea conservar en exclusiva para exploración y explotación; presentarse la Estrategia Nacional de Energía y designarse a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Es necesario crear al menos ocho nuevas leyes durante el presente periodo de sesiones que finaliza el 30 de abril del 2014. Tal es el caso de la nueva Ley de Hidrocarburos, donde se fijen las atribuciones de la Sener y de la CNH en materia de contratos, licitaciones y asignaciones para exploración y explotación, al igual que sus condiciones fiscales por parte de la SHCP.

De gran importancia en esta ley serán las reglas de contenido nacional y de transparencia, así como las atribuciones y ubicación institucional de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (¿deberá depender o no de la Semarnat?). No menos relevante será la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos donde se definirán sus competencias en permisos para refinación, petroquímica, transporte y distribución, y en la regulación del acceso a ductos y del Centro de Control de Gas Natural (Cenagas).

Tanto la CNH como la CRE habrán de constituirse como órganos reguladores con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión y autosuficiencia presupuestaria. La CNH administrará procesos de licitación, y la suscripción de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el desarrollo de planes y normas de exploración y la supervisión de su cumplimiento, junto con la autorización de pozos de alto riesgo.

La CRE definirá la normatividad, otorgará permisos, y regulará precios y tarifas en transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos, petroquímicos, gas natural y gas LP. También determinará tarifas de transmisión y distribución eléctrica, y las reglas de operación del propio Cenagas y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien tendrá a su cargo la red de transmisión eléctrica y la operación del sistema y del mercado mayorista de electricidad.

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos reestructurará a Pemex como empresa productiva del Estado, dotándola de un gobierno corporativo adecuado, y con sólo dos subsidiarias (Producción y Transformación Industrial), además de establecer los criterios para el pago de dividendos al Estado y para la reinversión de utilidades. Algo similar ocurrirá con la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Fundamental será la nueva Ley de la Industria Eléctrica, donde además de plantearse las facultades de la Sener, Cenace, y la CRE en materia de planeación, regulación, mercado, y operación del sistema, se establecerán los mecanismos de fomento a las energías renovables (requisitos mínimos para participantes, certificados, primas por KWH, reglas de despacho, etcétera), pilar de una economía baja en carbono.

Por último, es preciso reformar otras dieciocho leyes: de Adquisiciones, Obra Pública, Minera, Inversión Extranjera, APPs, Energía Renovable, y Ambientales, entre otras.

Todo esto indigesta a los opositores; no lo entienden. Su escape es la consulta.