La nueva Constitución Política de la CDMX que entrará en vigor el 17 de septiembre es en sí misma un proyecto urbano y laberíntico mapa de aspiraciones. Instrumentarla será tarea existencial del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. No será fácil, ya que implica un complejo proceso de construcción de instituciones, de formulación de planes y programas y de definición de nuevas políticas e instrumentos. Todo, al tiempo que se atienden las presiones y agudos problemas cotidianos de nuestra metrópolis. De hecho, se trata de un desafío histórico.

Una institución crucial que deberá construirse en breve es el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, para quedar instalado el 1 de julio del próximo año y que prácticamente desplazará a la actual Seduvi. Será quien regirá la dinámica urbana de la ciudad así como su despliegue y reconfiguración territorial. El instituto tendrá una prolija estructura, cuya integración será harto difícil: Junta de Gobierno, director(a) general, directorio técnico y Consejo Ciudadano. Sobre ésta o con ella a sus espaldas, asumirá la responsabilidad crucial de elaborar y dar seguimiento al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial, que deberán entrar en vigor el 1 de enero del 2020 y el 1 de enero del 2021, respectivamente. También, tendrá entre sus responsabilidades elaborar los dictámenes técnicos para la actualización o cambio en los usos del suelo. Para más complicaciones, lo hará en concurrencia con las alcaldías y con el Congreso de la Ciudad de México en los casos de “alto impacto”; además, bajo consultas “vinculantes” a la ciudadanía; previsible vecinocracia, donde el interés público de la ciudad quedará frecuentemente condicionado por intereses parroquiales.

El mandato constitucional estratégico para el Instituto es que la CDMX minimice su huella ecológica “a través de una estructura urbana compacta y vertical” y una “estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada” y en apoyo de la “densificación y consolidación urbana”. El texto constitucional reconoce implícitamente la incompatibilidad espacial y funcional de la densificación y verticalidad con el predominio del auto privado como medio de transporte. Se trata de una radical visión de cambio urbano y territorial que, por cierto, ya se atisba y desarrolla en distintas zonas de la ciudad. El problema radica en una cultura urbana recelosa de la densificación y verticalidad, aún inspirada en un remoto pasado rural o en la seductora y persistente utopía suburbana norteamericana (suburbia con jardín para todos, bajo el imperio del auto privado). Legiones de señoras indignadas acusarán conspiraciones inmobiliarias, aducirán (equivocadamente) escasez de agua y más tráfico y darán la vida en oponerse a edificaciones verticales y de mayor densidad. La Constitución será desafiada y el fragor de las batallas vecinales desgastará y le hará la vida muy espinosa al Instituto.

Territorialmente, la Constitución le concede al nuevo gobierno de la CDMX otras responsabilidades más nobles, gratificantes y de gran trascendencia, aunque no exentas de fuertes tensiones y conflictos. En un necesario giro de recentralización, la jefa de Gobierno tendrá bajo su cargo directo la protección de un sistema de Áreas Naturales Protegidas que incluirá todas las existentes, más Xochimilco y Tláhuac y todos los parques urbanos estratégicos (como Chapultepec en sus tres secciones, Tlalpan y Aragón). También, en este mismo giro recentralizador, la jefa de Gobierno tendrá bajo su responsabilidad directa al Centro Histórico de la Ciudad de México a través de la Autoridad del Centro Histórico. Otro importante mandato es la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos de la ciudad, que merecerá una amplia consideración.

Muchos más retos constitucionales esperan al próximo gobierno. No será un jardín de rosas.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.