Aquel 1 de diciembre. Los disturbios del pasado 1 de diciembre en la ciudad de México, día de la asunción al poder de Enrique Peña Nieto, pusieron a prueba a Miguel Ángel Mancera, quien se vio envuelto, intempestivamente, en la vorágine del caso.

El Jefe de Gobierno no tuvo que ver con el blindaje previo en las inmediaciones del recinto de San Lázaro ni con el despliegue de fuerzas policiacas, tampoco con la respuesta de la autoridad local y federal.

Sin embargo, asumió el cargo en medio de una encrucijada de intereses, cuatro días después de los actos vandálicos.

Los sectores más conservadores exigieron todo el peso de la ley y castigo ejemplar contra los infractores.

En contraparte, aumentaban las protestas de familiares, amigos y simpatizantes de los detenidos que documentaban inconsistencias en las detenciones.

Inclusive, instituciones de derechos humanos acusaban excesos policiacos, sin sopesar a fondo las afectaciones al patrimonio público y privado.

Mancera salió al paso y dejó claro que su gobierno no es represor. Destacó que las detenciones tenían que estar sustentadas y ponderó la línea de respeto irrestricto a los derechos humanos, sin dejar de aplicar la ley a los transgresores.

Tras las liberaciones por falta de evidencias, sólo 14 fueron sujetos a proceso por perturbar la paz pública con la agravante de pandilla –delito en ese momento equiparable a terrorismo-, por lo que podían alcanzar penas de más de 30 años de prisión.

Las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificaron el artículo 362 del Código Penal capitalino, con lo que el delito de ataques a la paz pública dejó de ser grave y los 14 procesados por los disturbios obtuvieran el beneficio de la libertad bajo fianza.

Esto no quiere decir que hayan sido exonerados ni que la iniciativa de reforma penal pretenda dejar de lado la regulación de conductas violentas con las que se intente desestabilizar al Distrito Federal.

Sus procesos siguen en tribunales y el nuevo texto para castigar ese delito establece que, en caso de reincidencia, habrá sanciones adicionales sin derecho a fianza.

Es más, la conducta punible antes de modificar el artículo 362 era, en realidad, la de terrorismo , aunque se le haya denominado legalmente aquí, en la ciudad de México, ataques a la paz pública .

Y aquí, cabe la pregunta: ¿los hechos del 1 de diciembre eran equiparables, por ejemplo, a los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 que enlutaron cientos de miles de hogares y borraron las torres gemelas de Nueva York?

Fortalecer la democracia. El actual titular del Ejecutivo de la ciudad respetó la decisión de los legisladores de la ALDF,­ quienes ponderan también soluciones a conflictos sociales. Asimismo, fue respetuoso de la reflexión de los diputados bajo la misma premisa: privilegiar los derechos humanos por encima de cualquier interés.

No obstante, persiste el reto del gobierno de la ciudad de México de fortalecer la democracia y avanzar hacia la consolidación de una cultura de la legalidad, como una forma de prevenir hechos tan lamentables como los suscitados el 1 de diciembre pasado, cuyo expediente no está cerrado y seguramente se engrosará en los próximos días.