Demandas y juicios en tribunales de parte de pacientes que reclaman medicamentos, tratamientos o simplemente hacer efectivo su derecho a la salud, son una tendencia que se viene incrementando en la última década en todo el mundo.

Puede ser una embarazada que exige con toda razón su derecho de ser atendida aunque no sea derechohabiente o puede ser un paciente con una enfermedad rara que exige ser tratado con una droga huérfana específica cueste lo que cueste.

Lo que se ha dado en llamar la judicialización del derecho a la salud es un fenómeno cada vez más destacado en las llamadas economías emergentes. Pero más específicamente se ha presentado en América Latina, pues es donde falta mucho por avanzar en los sistemas de salud y la presión a través de la vía judicial puede derivar en un mayor cumplimiento del derecho a la salud.

Pero sucede que también algunas empresas farmacéuticas han encontrado formas indirectas de influir y presionar a través de tribunales para que el sector público compre y prescriba ciertos productos. Los pacientes tienen todo el derecho de ser atendidos y tratados, pero las decisiones de cómo ejercer el gasto en salud deben responsabilidad de las autoridades sanitarias.

No obstante, muchas veces en forma forzada, los jueces se han tornado en tomadores de decisiones dentro de la salud pública, y queriendo o no se convirtieron en actores importantes de los sistemas de salud en la región.

El fenómeno de judicialización de la salud ha alcanzado excesos en países como Brasil y Colombia al grado de que una proporción importante de su gasto en salud es decidido por tribunales. En Colombia en particular, el concepto constitucional de tutela (consistente en que si en 10 días un juez no respondió una demanda de amparo, el caso se torna prioritario y debe darse inmediato cumplimiento) les ha significado que una cuarta parte del presupuesto de salud colombiano deriva de decisiones judiciales.

Pero este incremento sostenido de los casos de judicialización de la salud no sólo es preocupación de los responsables de la salud, sino también de los magistrados que conforman los sistemas judiciales en cada país.

De ahí que se han ido abriendo espacios para discutir el fenómeno, intercambiar conocimientos sobre el tema y encontrar maneras innovadoras de comprender y enfrentar dicha judicialización. En el 2012 el Banco Mundial empujó una iniciativa de aprendizaje colaborativo en derecho a la salud y cobertura universal en salud para trabajar conjuntamente autoridades sanitarias y judiciales.

En octubre del 2015 la ciudad de México fue sede del quinto encuentro de este grupo de trabajo donde académicos, magistrados de las altas cortes, jueces y autoridades sanitarias de diez países participaron en intensas discusiones e intercambio de experiencias y conocimientos. Hubo representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, Kenia y Uganda, y entre otros temas se abordaron los desafíos frente a los conflictos de interés, el derecho a la salud y su judicialización, los procesos de priorización y los tratamientos de alto costo. El próximo encuentro se realizará en Chile.

OCDE pone el punto en las íes

La presentación del estudio de la OCDE Mejorando la contratación pública en el ISSSTE para la obtención de mejores resultados es un documento más de recomendaciones al sistema de salud mexicano que si de verdad se cumplieran derivarían definitivamente en elevar la salud pública. José Ángel Gurría como titular de la OCDE pone el punto en las íes en cada estudio presentado, y esta vez habló de que el gobierno, y no los proveedores, es el que debe controlar y regular los procesos de contratación. Seguro no lo dijo de a gratis.

Al mismo tiempo el titular del ISSSTE José Reyes Baeza, hizo el compromiso de que las compras directas en el instituto serán la excepción y no la regla, algo importante dado el antecedente de los vales de medicamentos que en un momento se fueron de control y encareció muchísimo el gasto del ISSSTE en fármacos.