Entre globalización y nacionalismos emergentes, la procuración de justicia y el combate a la criminalidad son asuntos cruciales. Una titánica misión que precisa que las autoridades vayan muchos pasos adelante, con estrategias bien coordinadas e inteligentes, pues hoy es impensable que los descomunales desafíos frente a la delincuencia se encaren con meras tácticas convencionales aisladas, oscuros presupuestos y criterios mediocres.

Adicionalmente, en estos días la escena mediática internacional está marcada por confrontación, populismo e incertidumbre. Predominan los discursos políticos de conflicto y amenazas militares, como invitación a un eventual retroceso intempestivo o una especie de nueva Guerra Fría que creíamos superada. En contraste y por fortuna , también se perciben resquicios que muestran otra alternativa: la cooperación para un orden internacional sustentado en la institucionalidad, profesionalización y solidaridad.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), la oficina más poderosa del planeta en su rubro, está dando muestras de su compromiso y disposición para avanzar por esa alternativa. Dicha institución, creada en 1789, tiene bajo su coordinación a capacitados fiscales federales, experimentados investigadores del FBI y de la DEA, a los alguaciles y a los agentes de la oficina Antiterrorismo, Seguridad Nacional, de Alcohol, Tabaco, Inmigración, Armas de Fuego y Explosivos. La institucionalización y profesionalización del DoJ es una constante para renovar estrategias efectivas y establecer alianzas, acuerdos y apoyos eficaces con otras entidades tanto dentro como fuera de la Unión Americana.

Esta dependencia estadounidense demuestra su convicción para enfrentar tareas globales en el combate al crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción y otros embates trasnacionales a través de la colaboración con otras naciones. Con México, dicho país vecino comparte más de 3,000 kilómetros de frontera e innumerables retos criminales.

Quizá sin tantos reflectores, pero con repercusiones mayúsculas, el acercamiento y cooperación entre los equipos que hoy comandan el fiscal general Jeff Sessions, en Estados Unidos y el procurador general de la República, Raúl Cervantes en nuestro país, se manifiestan en el diseño y mejoramiento de estrategias jurídicas conjuntas para que muchos delincuentes buscados en ambos países enfrenten sus procesos penales pendientes. Los casos del exgobernador Tomás Yarrington y de Dámaso López el Licenciado son sólo algunas muestras, adicionales a los seminarios y capacitaciones como la realizada recientemente en materia de técnicas de investigación y acreditación criminal del delito de prácticas monopólicas absolutas; situación que brinda seguridad a las acciones, a su vez, de la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, en casos relevantes por venir para vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano.

Deber sagrado

En el siglo XXI, la agenda en materia de justicia penal está resultando sumamente compleja y transversal. El acercamiento entre la Procuraduría General de la República y sus homólogos en Washington puede mover el péndulo de la procuración de justicia hacia una colaboración verdaderamente efectiva, tan necesaria en nuestros tiempos.

Dicha cooperación puede hacer la diferencia en materia de responsabilidad criminal en vistas a la sucesión presidencial 2018 en México. Precisamente lo que Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, calificó como el más sagrado de los deberes: la justicia para todos.

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