Es desde la socialdemocracia que se hace necesario impulsar un debate nacional convocando a expertos, para que con la experiencia y la razón logremos una administración sostenible de los recursos naturales que impulsen el desarrollo que garantice el acceso a derechos tan vitales como el agua, la alimentación, la energía, la vivienda y la movilidad así como el pleno disfrute de los derechos humanos. Derechos implícitos en el principio del mínimo vital, establecido este como el eje de planeación democrático en la Constitución del Estado de Jalisco.

El aumento del precio de la gasolina ha provocado un descontento generalizado con las instituciones que demanda un cambio de rumbo. Aprovechemos ésta coyuntura para consolidar un nuevo modelo económico que genere riqueza colectiva que sea sostenible. Transitemos del pensamiento individual a formar soluciones colectivas, y así implementar una economía solidaria como se señala en el octavo párrafo del artículo 25 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Éste descontento es el síntoma de un problema más profundo:

1. la inequidad distributiva ante un sistema económico neoliberal que no ha logrado ser solidario ni responsable con los que menos tienen, ni ha propiciado una generación de riqueza estratégica para el desarrollo del País sobre un modelo público privado adecuado de gestión de recursos naturales.

2. el diseño de normas y políticas que no garantizan la participación democrática en las decisiones en materia de energía combustible.

La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 de las especificaciones de calidad de los petrolíferos publicada el 29 de agosto del 2016 limita el uso de etanol al 5.8% y lo prohíbe en las zonas metropolitanas más importantes del país. En lugar de este biocombustible, para estas zonas, las gasolinas regulares deben contener el 11% de MTBE, un químico potencialmente cancerígeno que a pesar de estar prohibido en Estados Unidos, nosotros lo seguimos importando, contribuyendo al deterioro gradual del medio ambiente y de nuestra salud.

Un problema de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, tiene su fuente en la Ley Federal de Metrología y Normalización, la cual permite en el diseño de éstas, observaciones de proveedores y destinatarios a criterio de la Secretaría de Energía, sin que exista un estándar de argumentación que justifique la contribución a favor de la población.

Esta norma fue analizada en 2016 de mayo a agosto por empresas multinacionales y el Gobierno de Estados Unidos además de empresarios mexicanos e instituciones nacionales, por mencionar algunos: Romambiental, Flint Hills Resources, Cacheaux Cavazos & Newton; Consejo Internacional para Transporte Limpio, US Grains Council, Renewable Fuels Association y Growth Energy, U.S. Department of Agriculture, Chevron; Intertek, Archer Daniels Midland Company, US Grains Council, Exxon, Shell, Renewable Fuels Association y Growth Energy, Centro Petroindustrias Globales, Pemex, Instituto Mexicano de Derecho Ambiental, IMCO, Asociación Nacional de la Industria Química, Instituto Mexicano del Petróleo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Asociación de Combustibles Eficientes de Latinoamérica, entre otros.

Las universidades públicas y privadas, por no señalar científicos, sociedad civil y expertos que tendrían que ir más allá de la rentabilidad y que podrían coadyuvar con aportes de innovación social y de transición a energías renovables más limpias deberían también emitir sus observaciones.

La pregunta es ¿qué actores deben estar involucrados para asegurar una amplia aceptación social de una transición energética a una economía baja en carbono y una correcta distribución de la riqueza a través de cooperativas y modelos de generación distribuida de biocombustibles y cuál debe ser la metodología que legitime las decisiones democráticas con sustento y visión de desarrollo sostenible?

Al utilizar biocombustibles como el Etanol, disminuirían los precios del transporte público, el traslado de mercancías y por lo tanto el precio de la canasta básica, es decir, el efecto contario a los gasolinazos. Además de reducir en un 86% la emisión de moléculas dañinas para la salud y la emisión de gases efecto invernadero que afecta el clima.

También mejoraría las condiciones del campo. El potencial desperdiciado al no invertir en biocombustibles es significativo, de acuerdo a la Evaluación de la Producción, la Demanda y las Políticas Relativas al Etanol en México del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar contamos con 57 ingenios azucareros que tienen una subproducción de etanol del 40%.

El Estado se ha olvidado de la redistribución de la renta entre las personas, producto de aquello que fueron bienes comunes y ahora tampoco nos garantiza la posibilidad de participar de los destinos.

Los mexicanos merecemos la oportunidad de guiar el destino energético de la nación, por ser un derecho humano que es necesario para generar el desarrollo que permita una mejor calidad de vida y dirigir nuestro proyecto de vida. De una vez por todas busquemos generar una nueva cultura de desarrollo sostenible a través de la democracia energética.

@monicaalmeidalo

*La autora es coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso de Jalisco