Cada día quedan menos dudas sobre la deriva autocrática que conduce a México al abismo, y sobre el desenlace verdaderamente funesto al que apunta el actual experimento populista. En economía, el escenario es crecientemente sombrío, con la inflación desatada, el tipo de cambio en picada, la reactivación económica abortada, y la fuga de capitales imparable; todo, envuelto en una tóxica atmósfera de incertidumbre y frustración. Debemos añadir la cristalización de peligrosos impulsos de ruptura del orden constitucional en el gobierno del presidente López, que nos colocan en el umbral de la dictadura. No exagero. La Presidencia de la República publicó este lunes 22 de noviembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar permisos provisionales a los 5 días de presentada la solicitud, con afirmativa ficta al concluir este plazo. Los permisos tendrían una vigencia de 12 meses y permitirían iniciar cualquier obra o proyecto.

Esto es flagrantemente violatorio de disposiciones constitucionales en materia ambiental (Artículos 4 y 27 Constitucional), competencia económica (Artículo 28 Constitucional), transparencia (Artículo 6 Constitucional), consulta previa (Artículos 2 y 133 Constitucionales), derechos humanos (Artículo 4 Constitucional), y tratados comerciales. Pisotea la división de poderes, y pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión.

Es un elemento adicional en la arquitectura de corrupción que ha construido el gobierno el presidente López. El Acuerdo pretende formalizar la opacidad y evitar la rendición de cuentas; anula la transparencia, consulta pública y regulación ambiental en todos los proyectos de infraestructura, ahora definidos como de “Seguridad Nacional”. Este Acuerdo se integra a componentes corruptores evidentes y sin precedente como: 1) Asignaciones directas sin licitación en la mayor parte de los contratos, en niveles históricos. 2) Mayor gasto discrecional por parte de la presidencia con subejercicios y recortes. 3) Despilfarro monumental en programas sociales clientelares sin reglas de operación adecuadas, sin monitoreo, ni evaluación ni seguimiento. 4) Destrucción del sistema nacional anticorrupción. 5) Negocios y contratos corruptores al ejército. 6) Opacidad total en el gasto militar en proyectos de infraestructura.

Claramente, el Acuerdo de marras pone fin a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, instrumento básico de política ambiental, así como a la evaluación de riesgos, y a los estudios técnicos justificativos de cambio de uso del suelo. Significa igualmente, daños ambientales irreversibles y sin mitigación ni compensación, y acaba por eliminar la operatividad real de la Semarnat. Con el Acuerdo se cancela la consulta pública de proyectos y la consulta indígena, así como la Evaluación de Impacto Social. Es, en realidad, un cínico blindaje de impunidad a los proyectos faraónicos y absurdos del presidente López. Con este Acuerdo se declararía como reservada la información relacionada con las obras del gobierno, como las realizadas indebidamente por el ejército, lo que viola por completo el derecho a la información pública y la transparencia, y se promueve la corrupción. El Acuerdo trata de legalizar el uso discrecional de recursos y acciones de autoridad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, para dar continuidad a los caprichos del presidente. También se anclan los privilegios al ejército, lo cual se suma o es parte del proceso de militarización y de sumisión de las fuerzas armadas al proyecto político del partido Morena, como lo acreditan las declaraciones recientes del secretario de Defensa.

Lo más grave, el Acuerdo implica gobernar por decreto, en un estado de excepción; es la antesala de la dictadura.

Deben promoverse acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como por parte de gobiernos locales, al igual amparos interpuestos por la sociedad civil. Es obvio que este gobierno populista-autocrático no puede más que acabar penosa o trágicamente. Estemos preparados.

@g_quadri

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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