Los formatos de declaración patrimonial y de intereses fueron aprobados por los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), representan un cúmulo de megadatos para detectar actos de corrupción de los funcionarios públicos.

La famosa 3de3 quedó en 2de2 (no se incluyó la declaración fiscal), así pues, los funcionarios públicos sólo estarán obligados a presentar la declaración patrimonial, la cual es una foto de su patrimonio a la fecha de su presentación, un efectivo trabajo de seguimiento permitirá ver la evolución patrimonial de los funcionarios ligada a los ingresos. El punto flaco es que únicamente considera los gastos vinculados a tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos bancarios, dejando lagunas en la congruencia entre ingresos y el nivel de vida de los funcionarios.

También estarán obligados a presentar la declaración de intereses, que implica manifestar la información sobre sus negocios y empresas vinculadas a gobierno, que permitan el puntual seguimiento a aquellas empresas y asuntos que pudieran ser favorecidos en las compras públicas.

Desde la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez y Dante Preisser Rentería impulsaron la hechura y aprobación de los formatos, el punto de disenso es la vigencia de los formatos, pues mientras el Comité de Participación Ciudadana (CPC) e INAI impulsaron la entrada en vigor a partir del 1 de diciembre del 2018, el resto del Comité (SFP, TJA, ASF y CJF) se pronunció por que la fecha de vigencia fuera 30 de abril del 2018. Al final, se impuso la segunda propuesta, lo que en los hechos significa que los funcionarios públicos de la presente administración no estarán obligados a utilizar dichos formatos.

Otros dos acuerdos que se aprobaron por el SNA fueron la negativa de publicar los saldos bancarios de los funcionarios públicos y mantener la confidencialidad de los datos relativos a los terceros, considerando que divulgarlos podría poner en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos.

Resulta positivo que se cuente con los formatos de las declaraciones de patrimonial y de intereses, sin embargo, no es una buena noticia que dicha normatividad no se aplique a los funcionarios de esta administración, muchos datos y oportunidades para combatir la corrupción se perderán por esta decisión.

Por mucho tiempo se peleó desde la sociedad civil por la declaración 3de3, hoy se cuenta con una propuesta acotada, sin desánimo hay que seguir presionando para tener disponible información clara y oportuna.

Eliseo Rosales Ávalos

Abogado

Los mismos de siempre

Politólogo y abogado, académico, columnista, presidente de ciudadanos sin partido y orgulloso mexicano.