Tienen más de US100 millones para lo que se les ocurra.

El muy penoso episodio por el que la exvelocista Ana Gabriela Guevara se presentó a rendir protesta como Senadora por el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados no pasaría del nutrido anecdotario de la política mexicana si no fuera porque el financiamiento público de los partidos políticos importa -para este ejercicio fiscal- poco más de 5,000 millones de pesos.

La ignorancia –que no desliz- de la legisladora petista refleja la pobreza de la función que tienen los partidos como el PT, que sólo sirven para manejar cuotas de reventadores camerales y no para participar responsablemente en la creación del marco jurídico que requiere la República.

No dejamos de cuestionarnos sobre la utilidad de partidos políticos que sobreviven gracias a las alianzas electorales que les permiten mantener su registro y que viven holgadamente de un presupuesto sostenido por los contribuyentes, inclusive para pagar las sanciones económicas cuando infringen las leyes que los propios partidos aprobaron.

De conformidad con el Número 3 de Reporte Legislativo elaborado por Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde (visible en www.integralia.com.mx), tan sólo en la última Legislatura de ambas cámaras del Congreso federal, los grupos parlamentarios ahí representados recibieron más de 1,300 millones de pesos sin sujetarse a rendición de cuentas alguna. Más de 100 millones de dólares para lo que se les ocurra o necesiten. Lo anterior, sin considerar los recursos presupuestales con los que cuenta el Congreso.

El PT, dirigido por el sempiterno Alberto Anaya, sirvió de refugio en la última Legislatura a personajes como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal -quien ahora será diputado por Movimiento Ciudadano- y Porfirio Muñoz Ledo, quien ha abanderado las causas del PRI, del PRD, del PARM, del PAN y del PT en un trapecio de incongruencias motivado por la única lógica de no vivir fuera del presupuesto desde la década de los 70.

Ahora, este partido familiar recoge como uno de sus coordinadores parlamentarios al todavía priísta Manuel Bartlett, quien fuera responsable de la conducción política de las elecciones federales de 1988 y cuyo desastroso proceso culminó con la creación de las fuerzas partidarias que, paradójicamente, ahora lo apoyan.

La función del senador Bartlett (quien, por cierto, quedó en cuarto lugar por el escaño que sólo la vía plurinominal le pudo otorgar) será la de coordinar a Ana Gabriela Guevara, quien –de entrada- deberá aprender la diferencia entre un Diputado y un Senador. Sublime.

Lo dicho para el PT cabe, de igual modo, para Movimiento Ciudadano, para el Panal o para el Partido Verde, asociaciones todas ellas que lucran con alianzas para asegurar posicionamientos en las cámaras y que no aportan más que terribles papelazos.

Vimos en estos días a Gustavo Madero, líder del PAN, con Jesús Zambrano, del PRD, y sus respectivos coordinadores parlamentarios, acordando la agenda legislativa que ambos institutos tienen en común. La reunión tiene como objetivo el modificar la legislación electoral para evitar perder las próximas elecciones con el PRI por las razones que les aquejaron en la pasada jornada electoral.

Más allá de que el panismo debe entender, de una vez por todas, que ese maridaje con quienes desconocieron el triunfo electoral del presidente Calderón les costó una buena parte de votos que no recibió su candidata y de que los dirigentes de los partidos no deben imponer la agenda legislativa, pues no se vota por dichos dirigentes, sino por los diputados y senadores que -extrañamente- se les someten, sería oportuno pedirles a esas fuerzas políticas que, en sus discusiones sobre la modificación al marco jurídico electoral, eleven los porcentajes de votación obtenida para mantener su registro y que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos para campañas y para el manejo de grupos parlamentarios.

Manejar partidos políticos rémoras se ha convertido en un gran negocio para unas cuantas familias y, por ello –resulta obvio-, los menos interesados en cambiar la reglas existentes son los propios partidos políticos.

Aun así, es obligación de la ciudadanía el insistir, una y otra vez, en incluir en la agenda legislativa la desaparición de este tipo de partidos, que convierte en millonarios a sus dirigentes y que afilian a profesionales del insulto y la provocación para desquitar su presencia en el Congreso.

Si, de cualquier forma, van a votar en contra de toda iniciativa, por lo menos, ahorrémonos su costosa presencia.

erevilla@eraa.com.mx