Uno de los costos del fortalecimiento regulatorio sanitario que encumbró a la Cofepris a nivel internacional ha sido la medicina tradicional e indígena que por un lado es enaltecida como orgullo de nuestra riqueza ancestral, pero por otro lado se ha tratado de aniquilar.

Existen varios tratados y acuerdos internacionales que consignan el derecho de la población al aprovechamiento de plantas medicinales. La ONU y la propia OMS se han declarado a favor de incentivar la medicina tradicional y hay países como China, la India, Cuba e incluso Alemania donde es respetado su lugar.

México fue el primero que ha intentado desaparecerla, pero ello ha implicado ir contra comunidades rurales que recurren a esta medicina. Actualmente hay profundas contradicciones y no existe una política pública congruente.

En principio, los médicos y terapeutas tradicionales son parte innegable de nuestra realidad histórica. El mismo Inegi señala que 80% de los mexicanos recurre a la medicina tradicional y herbolaria. Al mismo tiempo, su importancia es enfatizada por instancias culturales, educativas y turísticas dentro y fuera del gobierno. Sin embargo, con la nueva regulación primero se definieron hierbas prohibidas y se empezaron a decomisar productos y remedios herbolarios, estigmatizando la medicina tradicional mexicana.

Los médicos tradicionales y productores empezaron a organizarse y a defenderse. Argumentan que su conocimiento histórico transferido de generación en generación tiene su valor, pero no puede competir con la farmacéutica química que sí puede invertir en las plantas sofisticadas exigidas por la Cofepris.

La Federación Nacional de la Industria de Herbolaria y Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, conformada por 1,000 asociados, ha empezado a concientizar a autoridades de Salud, y en principio logró evitar que se prohibieran 432 plantas. Han logrado que sean liberadas plantas como la alcachofa, el árnica, la equinácea y otras para que puedan usarse como suplemento.

Emmanuel Zúñiga, presidente de la dicha Federación, explica que el gran problema es que hoy la Ley General de Salud sólo permite el remedio o el medicamento. El punto es que conforme dicha LGS, hacer un medicamento requiere síntesis química y estudios químicos que implican inversiones millonarias en plantas de manufactura inaccesibles para los herbolarios. La gran diferencia entre poder fabricar un remedio o un medicamento es tener un laboratorio de control que requiere invertir no menos de 5 millones de pesos, y para una planta de producción en forma (con curvas sanitarias, pintura epóxica, protocolos de investigación, análisis clínicos, etcétera) unos 20 millones de pesos. Aparte, armar el expediente de un medicamento para ingresar la solicitud ante la Cofepris, los despachos químicos cobran 160,000 pesos.

Incluso es inaccesible hacer remedios herbolarios, pues simplemente solicitar la clave alfanumérica y armar el expediente cuesta 80,000 pesos.

Zúñiga argumenta que, ante los protocolos de investigación de la medicina dominante hoy en día, a los médicos herbolarios les respaldan conocimientos que por siglos han comprobado, por ejemplo, las cualidades relajantes de la valeriana officinalis o las propiedades del diente de león para diabetes o daño renal, o para saber cuál es la parte útil, o qué taninos tiene cada planta en función de la región, la hora y la forma en que se corte.

En este 2017 el objetivo de la Federación es impulsar que en la LGS haya un apartado especial de medicina tradicional donde participen los verdaderos herbolarios. Y no es que menosprecien a la academia, dicen, pero cuando se metió a validar los conocimientos tradicionales, les han hecho mucho daño porque hacer herbolaria no necesariamente implica hacer síntesis química como lo hace la farmacéutica convencional que se ha demostrado que también llega a generar muertes con sus alternativas terapéuticas.