El tema de las entidades federativas es que viven en permanente estado de adolescencia y gastan como adultos los recursos que ellos no generan, con lo que distorsionan la economía.

La denominación Estados Unidos Mexicanos con la que la Constitución Política designa al país en el que vivimos nos resulta tan lejana a los mexicanos como el sistema federal que pregona. No había duda para nuestros congresistas de 1823: México habría no sólo de adoptar una forma de gobierno republicano, emulando a la entonces joven nación estadounidense, sino que tendríamos que adoptar, desde sus mismas normas constitucionales (algunas de ellas subsistiendo mal traducidas), hasta su nombre. La disputa decimonónica entre centralistas y federalistas, aquellos conservadores y liberales éstos, tuvo como ganadores a Estados Unidos del norte, pues prácticamente se triplicó el número de estados afiliados a la Unión Americana, mientras les cedíamos la mitad de nuestro territorio.

Y es que, a pesar de contar con el marco jurídico para ello y a pesar de que un territorio tan vasto como el nuestro genera verdaderos regionalismos con diferentes culturas, razas y costumbres, no gozamos de un verdadero federalismo a 188 años de haberlo instaurado en nuestro país. Por lo menos, no en materia tributaria.

La Constitución reserva a la Federación la exclusividad de establecer impuestos en materia de hidrocarburos y gasolinas, servicios financieros, comercio exterior, tabacos y cerveza, al tiempo que prohíbe a los estados gravar el comercio exterior o interior y el tránsito de personas.

A ambos niveles de gobierno, la Constitución les impone la obligación de respetar la recaudación en materia inmobiliaria en favor de la Hacienda municipal. Fuera de ello, los estados son libres de establecer los impuestos que decidan. Sin embargo, fuera de los impuestos prediales, de adquisición inmobiliaria, de nóminas, hoteles y espectáculos públicos, los estados no ejercen su facultad tributaria.

La razón, como sabemos, se llama Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por medio del cual los estados renuncian a la posibilidad de establecer ciertos impuestos locales a la renta o al consumo a cambio de poder gozar de un reparto de contribuciones federales, principalmente el ISR, el IVA, el IEPS y parte de los derechos de hidrocarburos. Esta circunstancia, si bien equilibra la posibilidad de asignar recursos a entidades que no los producirían, distorsiona la economía de los estados que sí producen esa riqueza tributaria, pero no la disfrutan. El resultado ha sido que las entidades federativas viven en un permanente estado de adolescencia, gastan como adultos los recursos que ellos no generan.

A falta de fuentes impositivas propias, los estados han sobreendeudado a las tesorerías locales. El esquema no sólo ha fracasado desde la óptica tributaria, sino que sigue permitiendo un control político desde el poder central que los gobernadores aceptan con tal de no sujetarse a la impopularidad de imponer tributos a sus paisanos.

Y mientras esto sucede en México, los estados de la Unión Americana han gozado de la libertad de establecer gravámenes en rubros como el ingreso de las personas, de las corporaciones, a la propiedad inmobiliaria y a las ventas. Ello, con independencia de que todo el territorio estadounidense pueda beneficiarse de un presupuesto federal financiado por el Impuesto Sobre la Renta federal y los impuestos a la importación (recordemos que EU no tiene impuestos federales al consumo).

De esta forma, encontraremos estados con una muy alta imposición en los rubros citados, como Nueva York, Nueva Jersey, California, Illinois, Iowa y Rhode Island, y a otros con impuestos muy bajos, como Utah, Nevada, Delaware, Florida y Virginia. Esta circunstancia ha permitido una libre competencia económica entre las diversas entidades federativas estadounidenses por atraer capitales, inversión, turismo, etcétera, que ha funcionado a la perfección.

Basta revisar el crecimiento económico que ha tenido Utah en la última década, siendo el estado con menor carga impositiva.

De hecho, como lo reporta Andrea Ford en la revista Time de esta semana, la competencia fiscal estatal impidió que no se perdieran más trabajos en EU –dada la reciente crisis económica-, sino que simplemente se reubicaran en estados con menor carga impositiva al empleo. En el 2011, 77% de la reubicación laboral fue interestatal.

El voto del Congreso de 1823-24 por adoptar un sistema federal fue correcto. Lo que no es correcto -además del nombre oficial de México- es que a casi dos siglos de dicha recomendación sigamos empeñados en no asumirla plenamente. Sin libertad tributaria no puede hablarse de un verdadero pacto federal.