Paralizados, tres megaproyectos en el semidesierto —la presa Milpillas, la mina Peñasquito y el gasoducto La Laguna-Zacatecas— afrontan la oposición de las comunidades ejidales. Los inversionistas, desesperados, denunciaron extorsiones de los abogados que representan a los comuneros, la politización de los conflictos y el fracaso de la mediación, tanto de las autoridades locales como del gobierno de la República.

Las ofertas iniciales por la ocupación temporal de las tierras —30 años, en los casos del gasoducto y la mina de oro— resultaron insuficientes para los representantes de los ejidatarios. Faustino Adame Ortiz, representante de los ejidatarios de 11 municipios que serán atravesados por los ductos, emplazó a los constructores al pago de 1.5 millones de pesos, para cada uno de los 154 integrantes del ejido, lo que sumaría 231 millones de pesos.

En Peñasquito, los trabajos llevan un mes suspendidos. Los voceros de Newmont Goldcorp denunciaron que los líderes del bloqueo exigían un pago de 442 millones de dólares por supuestas afectaciones a las comunidades aledañas, con la contaminación de los mantos acuíferos.

“No estamos dispuestos a ceder a la extorsión, disfrazada de problemática social”, atajaron los directivos de la minera estadounidense. Los industriales del ramo atraviesan una etapa azarosa, con la llegada de la Cuarta Transformación. Allí están los ejemplos zacatecanos, incluido el gasoducto. Y también, la presa de Huexca, no obstante, la “consulta pública” levantada entre pobladores de Morelos y Tlaxcala para conocer sobre el respaldo ciudadano a esa megaobra.

En la víspera —noviembre del año pasado— una iniciativa buscó reformar la ley minera para que, previo al otorgamiento de los títulos de concesión, debiera realizarse una consulta con las comunidades. La iniciativa fue desestimada (incluso encontró oposición del presidente y la SE). En febrero se presentó una nueva iniciativa en el mismo sentido.

Los reclamos de los pueblos originarios y la falta de los permisos ambientales correspondientes han estado detrás de la postergación del megaproyecto Los Cardones, que se pretendía realizar en el área natural protegida Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, y la mina submarina Don Diego, en el Golfo de Ulloa; ambos en Baja California Sur.

En Puebla, este tipo de conflictos enfrenta un callejón sin salida: y es que un juzgado de distrito, al atender una reclamación contra el proyecto Tuligtic, de Minera Gorrión, provocaría un cambio drástico para la industria.

Desde el 2001, la empresa canadiense Almaden Minerals lleva un proyecto de exploración en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte. Los representantes de los pobladores de la zona acudieron ante el juzgado para reclamar la suspensión de la obra, por no haberles consultado previamente al otorgamiento de las concesiones.

La ley minera actualmente no recoge tal previsión de consulta. Más aún, la empresa canceló las concesiones originales y solicitó unas nuevas que no incluyen a la comunidad quejosa. El pasado 15 de abril obtuvieron la protección de la justicia. El fallo, en primera instancia, determinó que el sistema de títulos de concesión para la extracción y el aprovechamiento de minerales en México es inconstitucional. Y obligarían al gobierno mexicano a convocar a consultas antes de expedir las concesiones.

La comunidad quejosa cuenta con la asesoría de una ONG que también tuvo un papel relevante en el “No” al NAICM y ha promovido un amparo de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, contra el proyecto de Buenavista del Cobre, amparo atraído por la SCJN.

Hace dos semanas, la Secretaría de Economía federal y el Congreso de la Unión han presentado sendos recursos de revisión solicitando la revocación de la sentencia. Entre sus argumentos, afirman la inexistencia de una omisión legislativa, al no existir el requisito de consulta previa en la legislación minera; la vulneración del principio de la división de poderes al tratar de “legislarse” desde un juzgado; y que los quejosos, ni dan pruebas fehacientes de afectaciones sobre su territorio, ni acreditan su supuesta condición indígena nahua.

En el caso particular del Congreso de la Unión, en su recurso está solicitando que sea la SCJN la que se ocupe del caso, pues dada la materia en litigio, debe ser este tribunal colegiado el que atraiga el contencioso.

Con los actuales títulos expuestos a ser declarados ilegales por una supuesta omisión en la ley minera, a lo que cabe añadir, la intención de la subsecretaría de minas de revisar más de 5,000 títulos mineros. De quedar firme, la resolución de la juez de distrito en Puebla pondría en jaque a toda la industria minera de México, actividad que engloba 2.5% del PIB nacional y 8.3% del PIB del ramo; emplea de manera directa a 379,000 personas e indirecta a casi 2 millones y aportó más de 46,000 millones de pesos al fisco en el 2018.

EFECTOS SECUNDARIOS

PASMADOS. Cierran las campañas en los seis estados que acudirán a las urnas el próximo domingo 2 de junio. El efecto AMLO dará a Morena otras dos gubernaturas —Baja California y Puebla— y un cúmulo de curules y alcaldías. No obstante, la oposición mantendrá bastiones importantes, por la vía de la reelección: la panista Tere Jiménez volverá a gobernar Aguascalientes capital; José Ramón Enríquez conseguirá otro trienio, ahora cobijado por MC, y Juan Manuel Gastélum Buenrostro preservaría Tijuana para el PAN, aunque las encuestas mostraban un empate técnico con el abanderado perredista, Julián Leyzaola. En estas tres capitales, los abanderados morenistas quedaron rezagados.

SECUELAS. A 10 días de la abrupta salida de Germán Martínez de la dirección general del IMSS, vendrá una etapa difícil para los nuevos administradores de esa institución y los principales centros hospitalarios del sector público: los stocks están en sus mínimos y el desabasto es inevitable. Ya no dan los tiempos para surtir, ni siquiera comprando a las farmacéuticas vetadas por la Cuarta Transformación. Serán dos semanas con problemas... tal y como ocurrió con el suministro de combustibles, a principios del 2019.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.