Una tormenta de pronóstico reservado es aquella que se avizora en el horizonte de la recelosa relación comercial que mantienen en la actualidad México y los Estados Unidos. Esa borrasca se magnifica cuando acontece en uno de los rubros donde la manufactura, las líneas de producción y la proveeduría, históricamente han sido fortaleza para nuestro país; cuando se lesiona la industria automotriz, podríamos estar en una situación de difícil reversión en el posible daño a causar.

Joe Biden, contrario a la dinámica trumpista, ha sido un presidente cuyo estilo y opción por el consenso ha sido criticado en un ala radical del espectro político estadounidense. Sin embargo, a efecto de constatar su mando, ha construido una iniciativa en particular que, con gran controversia en lo jurídico, pero hace a un lado de forma violenta diversos acuerdos en materia internacional y, fundamentalmente, resulta violatorio del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.

En tal situación, la iniciativa Build Back Better, resulta una maniobra proteccionista que se traduce a su vez en un guiño hacia los críticos que simpatizaron con medidas radicales implementadas por Trump, como lo era el plan America First. El problema se agudiza al estar inmersos en un contexto donde la recuperación económica no puede escatimar el apoyo de inversión y consecuente creación de empleo.

En México, la inversión en el ramo automotriz se acerca al 14% de la Inversión Extranjera Directa y es el responsable de soportar un aproximado de un millón de empleos directos y cinco millones de empleos indirectos. Con tales números, el subsidio propuesto, generaría condiciones preferenciales y ventajosas al permitir accesos crediticios del orden de los 12,500 dólares a aquellos estadounidenses que adquieran un vehículo eléctrico armado en territorio norteamericano por las manos de trabajadores del United Auto Workers.

Estamos ante un problema que pone en la mesa condiciones de negociación. Por una parte, el desagrado de numerosos congresistas en el país vecino, ante la posible aprobación de la reforma energética recrudece posturas que confeccionan una camisa de fuerza a nuestro país. Por otra parte, la diplomacia se ha visto mermada por escarceos públicos que, en vez de favorecer el acuerdo, polarizan las posturas y pueden extender la contaminación hacia otras áreas de la relación bilateral.

Más allá de la conveniente apariencia que se apreció después de la cumbre entre los mandatarios de estos países, existe un margen de incomodidad que tendrá que encontrar una solución expedita si no se quieren ahuyentar capitales que, en el ramo, están a un clic de su posible mudanza hacia otras latitudes. No es cuestión menor que, una industria que genera el 4% del Producto Interno Bruto, y se significa en casi el 25% de las exportaciones, pueda mermarse paulatinamente en la ruta hacia el 2027, fecha establecida para la operación plena de la iniciativa. La tensión se percibe y podría sacar chispas que podrían provocar incendios indeseables para cualquiera.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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