El acuerdo reparatorio del daño patrimonial causado al estado mexicano en el caso de Agro Nitrogenados, es una muestra de lo maleable que puede resultar la procuración y la administración de justicia. Sin embargo, hay que subrayar que la acción que motiva la liberación de Alonso Ancira, es una posibilidad que se encuentra debidamente sustentada en la legalidad y realizada dentro del marco de lo permitido en un estado de derecho.

Es una ruta donde, después de la presentación de las denuncias correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República, se consignó a un juez penal el expediente por el cual el órgano jurisdiccional consideró que existían elementos de culpabilidad por los delitos imputados, y en consecuencia se libró la orden de aprehensión que motivó la extradición de Ancira para enfrentar dichas acusaciones en nuestro país.

El resto corresponde a la historia reciente; una aceptación tácita de una operación simulada que permitió que Pemex adquiriera la planta mencionada, con un notorio sobreprecio ante el estado ruinoso en el que se encontraban el inmueble y activos de la empresa. De ahí, lo que atestiguamos en pasados días; un arreglo para resarcir el daño patrimonial causado al propio estado mexicano mediante el cual se le reintegrarán poco más de 216 millones de dólares sin intereses a lo largo de tres años.

La duda de algunos ha sido común: ¿es esta una extorsión para conseguir el pago?, y la respuesta nos remite a los primeros renglones de este artículo; no, no lo es. Pero en este orden de ideas quedan algunas cuestiones que aclarar. En primer término, si es que los 216 millones y fracción de dólares corresponden en realidad a la cantidad con la cual Alonso Ancira obtuvo un provecho económico o si es que la Fiscalía está aceptando un arreglo conveniente por la premura, aún cuando el daño patrimonial, correspondiente al lucro del acusado, podría haber sido mayor.

Por otra parte, ¿Cuál será el mecanismo de ingreso de los fondos materia de la reparación patrimonial, en el entendido que su único destino posible podrá ser aquel que motivó el proceso penal correspondiente? En esta pregunta me detengo ya que nos hemos habituado al discurso complaciente que desde la conveniencia política pretende mal informar para plantear destinos sensacionalistas de fondos que en el pasado constituyeron desfalcos o delitos.

No sería de extrañarnos que en algún momento escuchemos que el destino de estos generosos millones de dólares, será la compra de vacunas para el pueblo o cualquier acción benéfica y políticamente rentable que tenga usted en mente. Habrá que honrar la legalidad, pero también a aquella que detalla con claridad lo que estrictamente está en el cauce del derecho.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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