Hace algún tiempo el Presidente de la República dijo que gobernar no tiene mucha ciencia. No entendí esa declaración cuando día a día son claros los muy complejos problemas en tantas materias: delincuencia, inseguridad, salud, pobreza, exclusión, informalidad, solo por mencionar algunos. Para muestra una simple pregunta, ¿ya se resolvieron los problemas que existían cuando se hizo esa declaración? no, y la mayoría están lejos de resolverse. Hoy entiendo mejor la declaración presidencial de ese momento, gobernar no tiene mucha ciencia si se piensa que se puede cambiar la realidad a base de decretos; por el contrario, es una tarea muy difícil, si se quiere hacerlo bien.

El 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, un Acuerdo del Presidente de la República en el que se declara de interés publico y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno asociados a infraestructura en los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, puertos y aeropuertos y aquellos que por su magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Con base en lo anterior, el mismo Acuerdo instruye a las dependencias del gobierno a otorgar autorización provisional para el inicio del proyecto u obra dentro de los cinco días siguientes a su presentación, mismos que tendrán vigencia de 12 meses. El Acuerdo está refrendado por todos los Secretarios de Estado, salvo por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Y así, por acuerdo presidencial vespertino, los proyectos y obras señalados: i) son de seguridad nacional (aunque ni se motiva ni se fundamenta el Acuerdo en la Ley de Seguridad Nacional); ii) pueden adjudicarse directamente sin licitación (véase Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); iii) puede reservarse la información relacionada con esas obras y proyectos (véase Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública); iv) se evitan las suspensiones en los juicios de amparo en su contra (véase Ley de Amparo), y v) se consideran autorizados provisionalmente por 12 meses (no importa lo que nos cueste y que nunca se cumplan los requisitos que las leyes prevén para obtener esas autorizaciones).

Debe entenderse la frustración presidencial que hay detrás de un instrumento de esta naturaleza, ante el retraso en el ejercicio del presupuesto, trámites, licitaciones y complejidades administrativas de su propia Administración; ya llevamos mas de tres años de gobierno y estos problemas y retrasos no pueden ser culpa de Administraciones anteriores. Debe entenderse también la necesidad apremiante de avanzar en obras y proyectos prometidos, muchos de ellos sin contar con estudios o proyectos previos.

Pero esta frustración y necesidad obligan al Gabinete a cuidar al Presidente de la República, a la viabilidad de sus proyectos, a la permanencia de sus obras, a lo que pretende que sea su legado. En vez de impulsar reformas legales en un Congreso donde el partido en el poder y sus aliados tienen mayoría, para aligerar o agilizar los trámites necesarios, o incluso para evitar suspensiones en juicios en algunas obras estratégicas, se optó por un Acuerdo presidencial que constituye un auténtico régimen de excepción a la ley, que se basa en la idea de seguridad nacional y ni siquiera se fundamenta en la ley de la materia, que crea figuras al margen de la ley como la autorización provisional, y que facilita la opacidad y la corrupción; en suma, que es contrario a la Constitución y que no le ayuda al Presidente de la República.

El Congreso de la Unión y las leyes están ahí por buenas razones. Andar un camino de régimen de excepción por orden presidencial no le sirve al Presidente de la República. Por un lado, es de esperarse que habrá litigios y problemas presupuestarios y administrativos que trascenderán a esta Administración y no hay garantías de que serán defendidos con la misma convicción por la siguiente. La legitimidad es un pilar fundamental de la estabilidad y la permanencia, y quizá parte de la filosofía detrás de la frase juarista: nada al margen de la ley; nadie por encima de la ley.

Por otro lado, se genera un impacto mayor que no puede dejar de observarse. La seguridad nacional es un concepto previsto en diversas leyes administrativas que justifican la intervención del Estado, por ejemplo, para la extinción o rescate de concesiones, o la requisa de vías de comunicación, bienes o servicios en manos de los particulares. No es una idea abstracta, sino un concepto definido por la Ley de Seguridad Nacional que debe ser utilizado con responsabilidad ante sus implicaciones.

El artículo 3 de dicha Ley señala que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales; el mantenimiento del orden constitucional; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados, y la preservación de la democracia, entre otros. De la simple lectura de este artículo de la ley puede desprenderse porque no se utilizó como fundamento: no parece aplicable, y eso es una muy mala señal para las inversiones en un momento en el que claramente las necesitamos.

Bajo la idea de seguridad nacional, se pretende hacer a un lado la ley sin tener facultades para ello y las posibilidades que se abren, aun cuando se haya actuado de buena fe son, por decir lo menos, un riesgo innecesario.

Hay que cuidar al Presidente de la República. La lealtad implica informarse, mostrarle las implicaciones de las decisiones, los posibles impactos ahora y después, no tomar caminos fáciles, sin mucha ciencia y con pésimas consecuencias previsibles a su propio proyecto, lo compartamos o no, y al país. La historia no miente. La erosión gradual que deriva del incumplimiento de la Constitución y la ley, de los mandatos institucionales, del Estado de Derecho, no le conviene a nadie y verá sus consecuencias mas graves al paso del tiempo, cuando no estén en la misma posición que hoy para defenderlas.

Opinión a título personal.

*El autor es Profesor de Derecho Constitucional en la ELD y miembro de DLA PIPER Gallastegui y Lozano. Expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Twitter: @GContreras_S