La ampliación del llamado “extreme vetting”, un riguroso examen que incluye el monitoreo de las redes sociales de los solicitantes de visa para entrar a Estados Unidos, representa el nuevo paso de Washington en la construcción de una base de datos indiscriminada y desproporcionada sobre los 14 millones de ciudadanos que anualmente solicitan una visa estadounidense. La escalada se produce porque es posible gestionar tal cantidad de datos personales y porque existe el software para analizarla y sacar conclusiones algorítmicas en segundos. No importan sesgos ni errores del sistema: el Departamento de Estado quiere perfeccionar la matriz a como dé lugar. Y hay corporaciones dispuestas a colaborar.

El Departamento de Estado presentó el viernes pasado una propuesta de reglas más estrictas para el otorgamiento de visas, sin importar si son de negocios o de turismo: quiere saber cuáles han sido las redes sociales en internet utilizadas por los solicitantes en los cinco años previos. La lista de redes incluye desde las más populares, como Facebook, Instagram, Youtube, Twitter o LinkedIn, con sede en Estados Unidos, hasta otras como las chinas Tencent, Weibo, QQ, la rusa VK o la letona Ask.fm. ¿Falta alguna? La solicitud de visa contará con líneas disponibles para que el solicitante describa cualquier plataforma no prevista.

La medida significa un análisis más riguroso para vetar solicitudes de visa a partir del pensamiento político de los aspirantes y el uso de la libertad de expresión a través de las redes sociales. O como se ha definido desde el 11 de septiembre de 2001: para detectar a posibles terroristas y actuar en consecuencia. “Queremos entrar a sus redes sociales, con contraseñas: ¿qué haces? ¿Qué dices?”, declaró el general John Kelly al Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes en febrero de 2017. “Si no quieren cooperar, entonces que no vengan a Estados Unidos”, dijo Kelly en esa ocasión. La propuesta aún no incluye la exigencia de que los aspirantes exhiban las contraseñas a sus servicios digitales, pero tampoco hace mucha falta: la metadata producida durante nuestra interacción con plataformas como Facebook, Instagram o Google representa suficiente material para hacer inferencias sobre nuestras relaciones personales y nuestras actividades.

La ampliación del vetting también incluye que los solicitantes presenten los números de pasaportes viejos, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, registros de viajes internacionales, información sobre problemas migratorios y si algún familiar ha estado relacionado con actividades terroristas. Ciudadanos de México, Brasil, China o India, por ejemplo, estarán sujetos a estas medidas; ciudadanos de Canadá, Reino Unido o Alemania podrían quedar exentos. “Cuando alguien dice 'Soy de esta ciudad y esta era mi ocupación', [los funcionarios de migración] esencialmente tienen que creer en la palabra de quien lo dice. (...) Francamente, no creo que eso sea suficiente y sin duda el presidente Trump tampoco cree que sea suficiente. Así que tenemos que agregar algunas capas adicionales”, dijo Kelly el año pasado para justificar una inspección mayor sobre los solicitantes.

La economía digital nos ha vuelto transparentes a través de su nueva moneda de cambio, los datos personales. Las corporaciones saben mucho sobre nosotros y explotan ese conocimiento para ofrecernos servicios ajustados a nuestras aspiraciones y deseos. Big Brother fue recontratado por el Estado, dijo el académico Reg Whitaker: “Después de los ataques del 11 de septiembre (...) el Estado tomó un papel cada vez más destacado en la vigilancia —vendida como una medida de protección a los ciudadanos contra el terrorismo, con el quid pro quo de negociar alguna libertad para garantizar una mayor seguridad”. Y las corporaciones de la economía digital juegan un papel crucial para cumplir esa tarea.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.