El anuncio que esta semana hicieron de manera simultánea Barack Obama y Raúl Castro acerca del inicio de un proceso que lleve a la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países es, sin duda, una buena noticia. Marca el inicio del derrumbe del último conflicto abierto de la guerra fría.

Dos son los elementos centrales de esta decisión. Por el lado de Cuba, su sistema económico basado en la planificación centralizada de la asignación de recursos y de la producción ha resultado ser un absoluto fracaso, como lo ha sido en cualquier país que lo haya intentado, desde el bloque comunista de Europa del Este, hasta China, Corea del Norte y, más recientemente, Venezuela. Como bien afirmó Winston Churchill: La virtud inherente del socialismo es la repartición equitativa de la miseria . A lo largo de las últimas cinco décadas, la economía cubana ha sido un absoluto y total desastre y sólo ha podido mantenerse debido, primero, al subsidio otorgado por la Unión Soviética, que cuando se acabó en 1990 mandó a la economía cubana a una profunda recesión y, segundo, en la última década, a raíz del subsidio venezolano. El desastre que es la economía venezolana, mismo que se agravará dramáticamente en el futuro cercano debido al desplome del precio internacional del petróleo, previsiblemente hará imposible seguir manteniendo este subsidio. De ahí la urgencia del gobierno cubano de que Estados Unidos levante el bloqueo económico.

Por el lado de Estados Unidos, el bloqueo económico impuesto en 1953 a raíz de las expropiaciones de propiedades estadounidenses por parte del gobierno cubano, mismas que nunca fueron pagadas, nunca cumplió con el objetivo de debilitar a la dictadura cubana y sí sirvieron de pretexto para que ésta asumiera una actitud cada vez más tiránica, con un sistema político cerrado y monolítico y con graves violaciones a los derechos humanos de su población. Además, el bloqueo nunca fue integral porque Cuba puede comerciar con el resto de los países del mundo y porque la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, mejor conocida como la Ley Helms–Burton (promulgada en 1996) y que establece que cualquier empresa no estadounidense que tenga negocios con Cuba puede ser sometida a represalias por parte del gobierno estadounidense, no se ha aplicado por decisión ejecutiva de los presidentes de este país y de ahí que haya empresas no estadounidenses que comercien y tengan inversiones en la isla.

Democracia económica y democracia política son dos caras de una misma moneda. Un país que tiene un sistema económico en el cual prevalece la libertad económica, entendida como aquella en donde los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos y donde cada quien es libre de decidir cómo asignar los recursos de su propiedad, requiere como condición de equilibrio estructural que el sistema político también sea uno de libertades.

Dado lo anterior, si el objetivo del gobierno estadounidense es minar a la dictadura cubana para que se transite hacia un sistema político democrático, con elecciones libres y respeto y protección de los derechos humanos (políticos y económicos), lo que el Congreso de Estados Unidos tiene que hacer es derogar el bloqueo económico. A medida que la población cubana enfrente menores restricciones económicas a raíz de mayores intercambios comerciales, turísticos y de inversión estadounidense, mayor será la presión que enfrente el gobierno cubano para abrir el sistema político.

Obviamente esto no sucedería en automático; sería un proceso lento que enfrentaría importantes resistencias por parte de los gobernantes de Cuba, pero es peor para los cubanos mantener el statu quo.

[email protected]