Gran regocijo esta semana por los 40 años del Infonavit. Gobierno y empresas desarrolladoras comieron y brindaron, y se halagaron mutuamente con discursos engolados. Celebran sus números, que ellos mismos han escogido; logros irrebatibles en sus propias unidades de cuenta, aunque lo verdaderamente importante se barra debajo de la alfombra, apenas con disimulo; tampoco interesa medirlo. Que los números rojos, los costos y los pasivos acumulados los midan y los paguen otros, los municipios, las ciudades, los propios adquirientes de vivienda... Y México.

Es el derecho a la vivienda como negocio financiero, que entra ya en una etapa final de rendimientos decrecientes: las empresas desarrolladoras son castigadas por los mercados bursátiles y cunde el escepticismo en intermediarios financieros internacionales que han ayudado a fondearlas. Con la lógica prevaleciente, las empresas desarrolladoras han sobreinvertido en tierra ejidal y la acumulan como activo, que en realidad deja de serlo si el negocio es insostenible; ahora, los mercados financieros empiezan a verlo como lastre. Hasta allá se dan cuenta, aquí no. Ya ven venir la avalancha de externalidades, que acabará por arrollar a un negocio que las ha ignorado durante largo tiempo. Soberbia o ignorancia. O una mezcla de las dos. Ni una pisca de autocrítica. El gobierno pone las reglas, cierto, y ellos las siguen. Punto. ¿Quién es el responsable?

El negocio de hacer vivienda masiva bajo el sistema Infonavit ha deshecho a las ciudades de México. Un negocio así, con costos astronómicos, aunque no se internalicen y ni siquiera se midan, no puede perdurar. Todo lo que es insostenible terminará, antes o después, por revisión, cambio o adaptación inteligente y visionaria o por colapso. Aunque, según ellos, aún tengan por delante una demanda insatisfecha de 14 millones de viviendas, dos veces más grande que la que los ha llevado en andas hasta ahora, a jubilosos 40 años.

Confusión deliberada entre medios y fines. Es verdad que la idea fundacional del Infonavit fue creativa e incluso admirable, pero como medio para satisfacer el derecho a la vivienda de los trabajadores, a su vez, otro medio. El fin verdadero (ignorado) es el derecho a la ciudad, progenitor de todos los demás derechos: a la educación, al trabajo, al espacio público, a la vida familiar, a la recreación, a la vida cívica, a la seguridad ciudadana y, por supuesto, a la vivienda. La vivienda sin ciudad, como fin espurio en sí mismo, ha conculcado a todos los demás derechos.

A 40 años de su fundación, el Infonavit se congratula de haber otorgado 6.7 millones de créditos hipotecarios y de que 23% de los mexicanos viva en una casa financiada por ese instituto. El 70% de todos los créditos que se han concedido entre el 2001 y el 2012 significa más de 1 millón de millones de pesos de derrama económica. Pero nadie se preguntó esta semana por los costos ni por las condiciones en que se han construido esas viviendas, en las que viven sus adquirientes.

La población de las ciudades de México creció en promedio 16% en la última década; la superficie urbana lo hizo a tasas mucho mayores (¿el Infonavit las ha estimado?). Las densidades urbanas (habitantes por hectárea) se desplomaron y con ello todas las economías y ventajas competitivas, y en servicios y calidad de vida que ofrece la proximidad. La superficie urbana (es en realidad un eufemismo llamarle urbana) se desbocó, jalada en buena medida por los desarrollos habitacionales financiados por esa institución.

Su localización obedeció a lógica del menor costo posible por metro cuadrado de tierra, lo cual implica lejanía y falta de servicios, y palomares aislados de vivienda minúscula y monotemática desparramados por cerros, pantanos y potreros. Con este criterio se han desbordado y desmadejado las ciudades de México. Tierra ejidal barata y lejana, producción industrial masiva en serie, utilidades por volumen y financiamiento cada vez más sofisticado para los productores de vivienda es el código que orienta los patrones de ocupación y uso del territorio. El Estado ha cedido a las empresas desarrolladoras sus facultades. Y no vale la excusa de que es responsabilidad (siempre, el Artículo 115 constitucional como pretexto) de los municipios, hoy por hoy, incapaces... ?Es cínico.

Los costos son astronómicos: miles de millones de horas hombre perdidas en transportes infames, pesada carga de gasto en transporte para las familias, desintegración familiar, destrucción de redes de cohesión social, inaccesibilidad al empleo y a la educación, anclaje sobre el territorio de un patrón de alto consumo de energía, incubación de la delincuencia, inexistencia de espacio público y vida cívica, ausencia de identidad y hacinamiento para 23% de la población que vive en casas financiadas por el Infonavit. La cuarta parte se ha abandonado en promedio y más de la mitad en muchas ciudades del país. Aumenta la cartera vencida. ¿Qué tanto de esto explica la ola de delincuencia que azota al país o la baja productividad? Esto, que no puede regocijarnos, tiene que cambiar.

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