Después del muy mediocre crecimiento de 1.1% el año pasado, con una caída del PIB por habitante, el gobierno pronostica que este año la economía crecerá 3.9%, mientras que el consenso entre los pronosticadores del sector privado lo sitúa en 3.4 por ciento. Independientemente de a quién creerle, porque no hay nada más difícil que pronosticar el futuro, la pregunta relevante es si están dadas las bases para lograr un crecimiento alto y sostenido en el futuro cercano. El gobierno dice que sí, que con las reformas que se hicieron el año pasado, sobre todo en el sector financiero, en telecomunicaciones y en energía, se le estaría dando un impulso a la inversión y, en consecuencia, al crecimiento. Para que estas reformas, en especial las dos últimas, se materialicen en esa mayor tasa de expansión de la economía falta toda la legislación secundaria y, como coloquialmente se dice, el diablo está en los detalles. Si la legislación secundaria no es eficiente, el resultado no será el deseado. En este momento, a pesar de que el Congreso ya incumplió con el plazo perentorio para la legislación secundaria en telecomunicaciones (sin pena alguna), no queda más que darle al gobierno el beneficio de la duda.

Hay, sin embargo, varios otros elementos en el arreglo institucional que no están siendo tomados en consideración, o por lo menos no de la manera y con la fuerza adecuada y sobre los cuales hay que insistir. En mi opinión son dos los más relevantes.

Primero, la notoriamente ineficiente y excesiva regulación de los mercados, en particular al nivel de los estados y los municipios, lo cual impone altas barreras de entrada y de salida. Son estas barreras, junto con aspectos de carácter fiscal y el esquema de contribuciones al sistema de seguridad social (que en efecto actúan como un impuesto al empleo formal), las que inhiben que las empresas estén en la legalidad. Esto se traduce en que la mayor parte de las organizaciones productivas del país operan en la informalidad, lo que implica que son empresas muy pequeñas operando sin generar economías a escala y con una muy baja productividad de los factores de la producción. Y lo que queda claro es que si en la economía no se registra un sostenido aumento de la productividad, las tasas de crecimiento seguirán siendo mediocres. Si a los gobernantes de los gobiernos subnacionales en realidad les importara el bienestar de sus gobernados, se moverían hacia una regulación eficiente. Pero eso choca con la oportunidad que les da la regulación ineficiente para buscar y apropiarse de rentas extorsionado a las empresas privadas, es decir, corrupción, fenómeno que tiene un alto costo al inhibir el desarrollo económico.

El segundo es la muy ineficiente protección de los derechos privados de propiedad que impera en el país. Aunque con la reforma financiera se establecieron mecanismos más eficientes para la ejecución de las garantías sobre el financiamiento otorgado, no se ha atendido la notoria ineficiencia, lentitud, parcialidad y corrupción que impera cuando se trata de los juicios de carácter mercantil, los cuales se tratan en la mayoría de los casos en los juzgados de las entidades federativas. No contar con un Poder Judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito introduce una alta incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, lo que deriva en mayores costos de transacción, en una ineficiente asignación de recursos, menor inversión y bajo crecimiento económico.

Las reformas hasta ahora logradas están bien, pero si no se resuelven estos dos problemas difícilmente se lograrán altas y sostenidas tasas de crecimiento económico.

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