Si hoy usted piensa comprar una casa, lo más seguro es que le baste con elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades, de entre las muchas que ofrece el mercado inmobiliario, y acudir a su banco para pedir un crédito hipotecario que le permita comprarla.

Pero, ¿se ha puesto a pensar a qué mecanismos deben recurrir quienes por su nivel de pobreza no pueden comprar la casa de contado, no cuentan con ahorro o ingresos para solicitar un crédito y han sido marginados del sistema financiero?

Y es que los extraordinarios avances del sector nos hacen olvidar que actualmente cerca de 60% de la población debe buscar su propia respuesta a su problema habitacional y que para ello deben autoproducir su vivienda.

Este fenómeno de autoconstrucción ha sido reconocido como parte de las políticas de vivienda del gobierno federal, bajo la muy bonita etiqueta de producción social .

Se trata evidentemente de un modelo emergente que no hace más que reconocer la realidad y dar cauce a la implementación de mecanismos que permitan atender a millones de familias que no son derechohabientes ni del Infonavit ni del Fovissste y que no serían sujetos de crédito para ningún intermediario financiero.

Y hay además que entender que, para este enorme sector de la población, el reto habitacional no se limita a la prácticamente inaccesible vivienda nueva y que la solución pasa por modelos de autoconstrucción en terreno propio y remodelación o ampliación, con variantes tan interesantes como puede ser el condominio familiar, una innovadora figura legal, que reconoce que en el seno de una propiedad el desdoblamiento familiar puede provocar que los hijos construyan sus casitas o departamentos al formar sus propias familias.

Existen enormes problemas en torno de la producción social. De entrada, el hecho de que en muchas ocasiones estas viviendas se construyen en terrenos que no cuentan ni con servicios ni con papeles.

Pero, además, es evidente que cuando la solución al problema de vivienda de una familia llega de la mano de un crédito o subsidio para adquisición de vivienda nueva, existe una garantía que respalda la cantidad prestada o regalada, pero ¿qué tan clara es la cosa cuando los recursos sirven para una ampliación? ¿Cómo se garantiza que los recursos estén bien invertidos?

A este respecto, el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), de Ariel Cano Cuevas, y el Fonhapo, de Salvador López Orduña, con el respaldo del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi), que preside José Antonio Revah Lacouture, han diseñado modelos muy interesantes de lo que llaman producción social asistida, con los que se busca dar el debido soporte para generar viviendas y conjuntos de mejor calidad.

Y precisamente hoy inicia en San Luis Potosí el II Encuentro Nacional de Producción Social de Vivienda; busca el pleno reconocimiento de lo que históricamente se ha dado en llamar constructora pueblo y que no es otra cosa que la solución obligada a la que deben recurrir millones de mexicanos que no pueden siquiera soñar con una solución, de las llamadas formales, para su problema habitacional.

Y hay que decir que además de que este tema es socialmente una contundente realidad, también lo es desde el punto de vista económico, porque esta enorme fuerza social, de una u otra forma, consume una cantidad de insumos para la construcción que al menos iguala a la que utiliza la producción formal-industrial de vivienda.

La constructora pueblo existe y si bien sería deseable que se fuera reduciendo, dejando sitio a esquemas más formales, el hecho es que esto va de la mano de la reducción de la pobreza y hoy lo mejor que se puede hacer es reconocer esta realidad y crear instancias que permitan que si esta constructora va a crecer en volumen de operación, lo haga también en la calidad de lo que genera.

Reconozcamos, no es lo ideal, es tan sólo la realidad