Hace seis años los candidatos del PAN y del PRD no fueron impulsados ni respaldados por sus líderes: ni Josefina Vázquez Mota era la candidata de Felipe Calderón, ni López Obrador lo fue de la tribu perredista entonces dominante. Tras el consecuente triunfo del PRI, resultaba previsible un reacomodo interno de los partidos perdedores. En el acercamiento que tuvo Enrique Peña Nieto con Gustavo Madero y con los Chuchos estribó la viabilidad del Pacto por México y la supervivencia de su liderazgo formal. Negociando directamente con ellos, el presidente contribuía a la recuperación de la dirección nominal y material que les habían regateado Calderón y López Obrador. Por ello, el gobierno no acordaría con legisladores de la oposición panista y perredista las reformas de esta alianza, sino con sus re-afianzados líderes.

Dos consecuencias inadvertidas; sin embargo, generaría este pacto reformista: La primera fue que también implicó un pacto de impunidad. Si todos se apoyarían entre sí, nadie le metería el pie al otro, nadie sería señalado por el otro. Esta impunidad permitió que aflorara una corrupción no vista en 20 años, principalmente en gobiernos y funcionarios priistas (con la consecuente merma electoral para el PRI). La otra es que la militancia perredista y panista dejó de sentirse cabalmente representada.

Los ganadores de esta revuelta resultarían ser López Obrador y Ricardo Anaya. El primero, al formar una estructura paralela que arrebataría al PRD militancia, recursos y spots radiofónicos; el segundo, al aprovechar la notoria impericia de Madero y la fragmentación del calderonismo para quedarse con el partido y monopolizar la vía hacia candidatura presidencial. Atestiguamos en estos seis años que, con tal de no alejarse del presupuesto y prerrogativas, la partidocracia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Ello explica por qué en el debate presidencial vimos a un panista como candidato del PRD, a un expriista y a una expanista ocupando las candidaturas de ciudadanos independientes, a un no militante abanderando al PRI y a un experredista y expriista en un partido de refritos.

Lo anterior no pasaría de lo anecdótico, si no fuera porque nos cuesta miles de millones de pesos anualmente a los contribuyentes. Veamos.

De conformidad con el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal, el INE, la Fepade (ésa, cuyo titular fue decapitado por insinuar optimismo en el caso Lozoya-Odebrecht-PRI), el Tribunal Electoral (el mismo que le regaló ilegalmente una candidatura al impresentable Bronco) y las bancadas de los partidos en el Congreso de la Unión ejercerán un gasto total de 34,973.2 millones de pesos. Este monto no incluye el presupuesto de institutos, fiscalías y tribunales electorales locales donde también habrá elecciones, ni los recursos del tiempo fiscal de radio y TV (convertido en tiempo electoral) por 2,740.5 millones de pesos, según la Ley de Ingresos de la Federación. Otra vez, las elecciones costarán a los contribuyentes lo mismo que la UNAM (38,300 millones de pesos). Increíble.

El descontento de la ciudadanía con su costosa clase política puede generar un voto de castigo que derive en un gobierno populista, ése sí, de un costo incalculable.

EduardoRevilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal