Los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen en sus manos una decisión vital: si es justificado o no restringir la venta de alimentos y bebidas altamente calóricos -específicamente los refrescos - en las escuelas de educación superior.

Pareciera un tema trivial, pues muchos dirían que a quién importa realmente que los universitarios se echen una Coca-Cola o un pastelillo entre clase y clase.

Pero es un caso que envuelve realmente una discusión profunda sobre los ambientes obesogénicos en México que predisponen el consumo de alimentos con muchas calorías y sin valor nutricional. Son los entornos los que determinan los hábitos.

Es innegable que un ambiente obesogénico, incluida la excesiva disponibilidad de alimentos con excesivas calorías -junto con lo antojadizos que somos los mexicanos-, es parte de las razones que nos han llevado a los escandalosos niveles de sobrepeso, obesidad y diabetes, que, junto con todas sus costosas complicaciones, están llevando al colapso a nuestro sistema nacional de salud.

El concepto de ambiente obesogénico está implícito desde hace años en el lenguaje de nutriólogos, especialistas, académicos y organismos reguladores sanitarios en todo el mundo, y lo ubican como factor detonante de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades derivadas.

El caso que nos ocupa viene desde el 9 de mayo del 2014, cuando se publicaron en el Diario Oficial los lineamientos para alimentos y bebidas en escuelas. Dichas reglas definen con claridad criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas preparados y procesados que se deben expender y distribuir en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. También establecen los tipos de alimentos procesados que deberán prohibirse por no favorecer la salud de los estudiantes.

Siendo secretario de Educación, Emilio Chuayfett, y secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, entraron en vigor estas reglas, que son muy claras y con argumentos precisos, por los cuales se toman decisiones puntuales para educar en el cuidado de su salud a los estudiantes mexicanos, quienes tomarán las riendas del país en el futuro.

¿Cómo llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues resulta que desde el 2014 la industria refresquera, específicamente la Compañía Embotelladora Del Fuerte, integrante del sistema Coca-Cola, ha venido interponiendo amparos contra la SEP y la SS para evitar que apliquen dichos lineamientos en universidades. Argumentan que los universitarios son mayores de edad, que sus productos son legales y que prohibirlos en universidades desincentivaría el consumo al grado de que les afectaría en sus finanzas corporativas.

Los equipos jurídicos de Aurelio Nuño, en la SEP, y de José Narro, en Salud, han continuado la defensa de la aplicación de los lineamientos, pero ha habido opiniones encontradas entre jueces de Distrito, de modo que llegó a la Corte y ahora ésta no parece ayudar mucho al Ejecutivo.

La ministra Margarita Luna Ramos ha preparado un proyecto que presentará al pleno de la Corte para conceder definitivamente el amparo a la empresa y abolir el cumplimiento de los lineamientos en instituciones de educación superior.

¿Cómo se entendería esa decisión cuando estamos en plena emergencia sanitaria y epidemiológica por obesidad y diabetes, apenas declarada en noviembre por la Secretaría de Salud? ¿Cómo, si tenemos una de las más elevadas incidencias de muertes anuales por diabetes (96,000 en el 2016)?

¿Por qué tendrían que incentivarse ambientes obesogénicos en las universidades mientras no podemos avanzar en la instalación de bebederos en escuelas primarias?

Tendríamos que cuidar -como lo establecen los lineamientos del 2014- que al menos los centros educativos, incluyendo los de educación superior, sean espacios donde haya menor disponibilidad de productos vacíos de nutrientes y donde se promuevan alimentos nutritivos que aportan y ayudan a concentrarse mejor.