Uno de los problemas que salta a la vista en todos aquellos lugares en donde se viven las consecuencias de los excesos del gasto público, déficit y deuda, es el de la corrupción.

Esta acción puede tomar diversas formas, que van desde pedir dinero para realizar, destrabar o acelerar algún trámite, desviar la mirada ante algún abuso, o violación de la ley, hasta la captura de funcionarios e instituciones.

Prácticamente en todas las actividades se hace presente y tampoco exige que quienes la practican sean pobres, marginados o rechazados del sistema. Simplemente es cuestión de darse cuenta del poder que se puede llegar a tener y la forma como se puede utilizar, para dar inicio a toda una industria que puede llegar a ser floreciente, debido a que para sobrevivir, quien la ejerce debe asumir ciertos riesgos.

Para efectos prácticos se asegura que algunos eventos no se concreten, como la denuncia o la persecución y, en caso de que el acto llegue a ser denunciado, se anticipa que el juicio se entorpezca o dilate tanto, que mejor termine por ser desechado ante la falta de pruebas.

El producto de la corrupción se reparte e incluso mientras más involucrados haya, menor es la probabilidad de que pueda detenerse y menor aún de que sea castigada.

Ante estos hechos, la sociedad que no participa en la corrupción y todos aquellos que están cansados de ser víctimas de este flagelo no pueden simplemente cruzarse de brazos y esperar a que un organismo gubernamental remedie las cosas.

La experiencia nos dice que la ley, una vez contagiado el mal entre amplios segmentos de la sociedad, es de poca utilidad y, debido a la naturaleza misma del problema, no es posible pensar en soluciones de mercado, porque se corre el riesgo de caer en la situación de que es tan fácil la entrada a la industria, que la competencia entre rivales se convierte en una guerra, ni tampoco el servicio que se demanda en el mercado de corrupción es tan bien valuado, salvo en condiciones muy especiales, como para ameritar una intervención en el funcionamiento de dicho mercado, limitando cantidades, o fijando precios.

No obstante, la corrupción sigue siendo una amenaza para el crecimiento de las economías y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La alternativa es hacer que el riesgo de estas actividades aumente, de tal manera que el premio esperado sea tan bajo que desincentive la participación en ellas.

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