Las anteriores frases son sólo una muestra de la enorme incidencia de la corrupción que ha imperado en nuestro país por décadas. Un costoso cáncer que corroe a la sociedad y que tiene un altísimo costo económico. La corrupción, que supuestamente aceita la máquina, es en realidad un juego de suma negativo, que perjudica al país en su conjunto al inhibir el desarrollo económico.

En el Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México se situó en el lugar 103 de 175 países considerados y podemos esperar un retroceso en el reporte de este año ante los casos más recientes como los de la casa blanca, la de Malinalco, Grupo Higa, OHL, la fuga del Chapo y más. Por su parte, Transparencia Mexicana estima que en el 2012 se cometieron 200 millones de actos de corrupción, afectando relativamente más a las familias de menores ingresos.

En México impera una muy alta incidencia de corrupción, porque se sabe que la probabilidad de ser procesado y penado es prácticamente nula. Lo que impera es la impunidad y qué mejor ejemplo que el de la semana pasada, con la detención en España del ex-gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, mismo que ya había sido señalado en México por actos de corrupción, acusación que terminó en el vacío.

Se reformó la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, no porque el presidente, senadores y gobernadores lo quisieran, sino por presión por parte de una sociedad que está, por ponerlo de manera elegante, hasta la madre de la corrupción y de la impunidad. El SNA contempla la creación de un fiscal especial en la materia dependiente de la Fiscalía de la República; la creación de un tribunal de justicia administrativa, así como nuevas leyes que endurezcan las penas, tanto para funcionarios públicos como para agentes privados que incurran en este tipo de actos.

Pues bien, pero no ha pasado nada más. La legislación secundaria en materia de corrupción está dormida en el Congreso. Inclusive, la propuesta de una nueva ley de obras públicas fue bautizada como la ley Higa y como bien ha indicado la organización México Evalúa, la propuesta va en contra del espíritu de la reforma constitucional. A muchos diputados y senadores no parece correrles prisa alguna por legislar un conjunto coherente de normas que efectivamente sirvan para abatir la corrupción y la impunidad. Están muy cómodos con la situación actual y todo el discurso alrededor de su compromiso para lograr un país limpio no pasa de ser uno de palabras y frases huecas.

Quizá el presidente tiene razón; la corrupción es cultural pero hay que acotarla. No forma parte de la cultura del mexicano medio, forma parte de la cultura del político mexicano y tienen que darse cuenta, ya, del hartazgo de la sociedad. No actuar ahora para reducir la corrupción devendrá en muy altos costos presentes y futuros.

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