Cuando un tema de interés amplio en una sociedad se posterga para su discusión y resolución, generalmente existen otros motores que lo impulsan a salir a flote y adoptar en consecuencia una postura ante el mismo con implicaciones colectivas. Ese es el caso de lo ocurrido con lo concerniente al cannabis en nuestro país, donde a impulso de particulares y organizaciones, se consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la regulación sobre dicho tema. Este punto de partida es importante ya que no estamos ante un origen para legislar pactado desde una visión de Estado; más bien, la respuesta a la urgencia ameritó una reflexión que, por el momento, ha concluido en la apertura de ciertas restricciones desde el Senado de la República.

Con dicho referente, resulta confuso para algunos ubicar la discusión y darle la dimensión adecuada. Por una parte, después de la blanda aproximación del Gobierno Federal al combate a las adicciones, se tiene en el aire una campaña mucho más recrudecida denominada “en el mundo de las drogas, no hay final feliz”. Con ese componente publicitario de una estrategia nacional, en muchos de los casos narrados, se arremete en contra del uso y distribución de la mariguana al poner a la vista funestas consecuencias para quienes han incursionado en ese sendero.

Hoy, al darse un primer paso hacia la regulación plena, no existe integralidad del mensaje en esta especie de diálogo binario, donde por una parte se criminaliza al cannabis, y por otra parte se da tránsito a su normal presencia en la sociedad mexicana.

Además, existe otra cuestión importante. Se ha considerado que el sistema de umbrales para diferenciar la legalidad de la infracción administrativa y de la comisión de un delito. Es decir, hasta 27 gramos será permisible la portación individual, pasando de ello procede la sanción por multa si la cantidad portada llega hasta 200 gramos y más allá de esa cantidad, estamos en el campo de lo penal.

En un país donde de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, existe la percepción de que el policía extorsiona al ciudadano en un 68% de casos, podríamos estar en la proclividad del fomento a la corrupción si no se tienen los candados suficientes en los protocolos de aseguramiento y de consecuente pesaje de la mariguana poseída.

Finalmente, con la emisión y entrada en vigor de la Ley General para la Regulación del Cannabis y la consiguiente creación del Instituto Nacional del ramo, se requerirán fondos aplicables para que tal instancia funcione en el entrante 2021; ¿los tenemos? Así, existen puntos finos que requieren agudeza y sensibilidad aumentada para la discusión en el Congreso, tal cual si tuvieran THC en el torrente sanguíneo.

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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