Desde el 2012, el artículo 35 constitucional permite, en teoría, invocar consultas populares como herramienta de democracia participativa directa y vinculante. Desde entonces, se reconoce que esa figura es una alternativa legal que puede activarse cada tres años (cuando haya elecciones federales) para someter a votación en urnas desplegadas por todo el territorio temas de “trascendencia nacional”, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos para convocarlas, por ejemplo, que la pregunta tenga una razonable neutralidad avalada por la Suprema Corte y que el tema no involucre alguna de las restricciones previstas.

No se ha concretado ninguna desde entonces, algo que en buena medida responde a esas restricciones y a la interpretación que hizo de ellas la SCJN en el 2014. No todas son malas, pero algunas son tan generales y desproporcionadas en la redacción vigente que sí han obstaculizado, en vez de facilitar, la aplicación.

Hoy no pueden llevarse a consulta seis temas: 1. Derechos humanos; 2. La condición democrática, laica, de república representativa y federal del país; 3. Asuntos electorales; 4. Los relativos a ingresos y gastos del Estado; 5. La seguridad nacional, y 6. El funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Pueden ser convocadas por el presidente (sin juntar firmas), a petición del Congreso (33% de cualquiera de las cámaras) o por la ciudadanía en general, pero ahí, que es donde más facilidades debería haber, es donde mayor complicación existe, porque esas consultas deben estar respaldadas por un inmenso número de firmas, al menos 2% de la lista nominal de electores que

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supera los 90 millones (es decir, cerca de 1.8 millones de firmas).

Hay varios asuntos a discutir ante reformas en puerta. Aquí algunos: la consulta no debe poner un umbral mínimo para darle obligatoriedad y legitimidad a su resultado.

Hoy eso aplica si acude a las urnas 40% de los votantes, cifra alcanzable habitualmente cuando hay campañas y elecciones, pero no necesariamente si se convoca de un día para otro o sin una robusta deliberación informada y equitativa de las posturas en juego.

Deben quitarse candados temáticos exagerados, pero tener claridad respecto a que no cualquier cosa es consultable, no se puede votar si se cumplen o no derechos humanos; tampoco asumir consultas como posibles veredictos de culpabilidad o inocencia, porque no son sustituto del debido proceso, jueces y tribunales, no son para dictar sentencias por aclamación.

El INE tiene capacidad para organizarlas, pero sería deseable que el Congreso tomara en cuenta datos duros, la experiencia acumulada en comicios que registran participación superior a 40% y legisle en consecuencia.

Si hacemos consultas con boletas, casillas y mamparas, hay que imprimir tantas veces como se convoque a votar sobre uno u otro tema, al menos 90 millones de boletas para que haya una dispuesta por cada elector, luego instalar casillas sin sesgo y con criterios transparentes, integradas por personas insaculadas y no por los propios promotores de lo que se tenga que consultar, distribuir urnas en puntos accesibles a toda la población y no sólo en donde habita una porción o sector, desplegar una logística auditable, entre otros aspectos.

Esos elementos se pueden aplicar o adaptar, pero no serían tan compatibles tal y como se utilizan en comicios federales si se quieren hacer consultas semanales o mensuales, porque implican procesos complejos para sortear, reclutar y capacitar a funcionarios de casilla, igual que periodos de información y deliberación previo a votar y otras actividades que, de ignorarse, pues sencillamente eso deriva en abstención mayúscula, muy lejana a 40% requerido para volver los resultados representativos o vinculantes con legitimidad acreditada.

Alternativas electrónicas pueden ayudar mucho, simplificar costos tanto para recabar y verificar autenticidad de firmas como para recibir y contar los votos, pero eso no debe implementarse a la ligera, sin su periodo de prueba o ahí sí, con candados técnicos abundantes. Los tiempos obviamente no deben suponer años o programas piloto interminables que retrasen las cosas, pero pues tampoco ausencia total de protocolos para un diseño técnico solvente, modelos de urna o boleta electrónica; de voto por internet u otra modalidad desarrollada para las consultas, medidas que no se logran mágicamente en un par de días o en una semana.

A todos beneficia que las consultas tengan mejores condiciones para llevarse a cabo, para participar en ellas y darle legitimidad a sus resultados.

Apoyo la consulta popular como un ejercicio que permita pulsar, obtener el punto de vista de los ciudadanos, eso no sólo es válido sino también necesario, indispensable para que el gobierno entrante y todos los que sigan consideren a los ciudadanos y traduzcan sus opiniones mayoritarias en políticas públicas, en programas de gobierno orientados a resolver problemas específicos.

No creo en la consulta sin reglas, sin método, “alegal”, como a alguien se le ocurrió decir, como una forma permanente de ir a preguntar, o como un capricho, sin mecanismos que aseguren su autenticidad y la representatividad de las respuestas. No creo en preguntas que prefiguren o induzcan la respuesta, ni en las que sean redactadas y llevadas a las urnas en la coyuntura del momento, ni por decisión unilateral, creo en la necesidad de ajustar la ley para hacer de la consulta un instrumento útil, bien hecho, bien diseñado, que sea indispensable para la salud de la república, para garantizar y no para simular que los ciudadanos son tomados en cuenta.

*Consejero del INE.

Twitter: @MarcoBanos

Marco AntonioBaños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada