Decíamos en la entrega previa, que la Constitución CDMX fue la mejor Constitución posible, dada la correlación de posiciones y fuerzas políticas e ideológicas en la ciudad. Y sin duda, no es la mejor Constitución. Sin embargo, se logró eliminar la mayor parte de las disposiciones más extremas presentes en el proyecto original e introducir rasgos muy significativos para el desarrollo de la ciudad.

Siguiendo con el escenario urbano y ambiental, se eliminó toda referencia a una posible recuperación de plusvalías de inmuebles privados por parte del Gobierno. No obstante, esto no se descarta, ya que la Constitución Federal lo prevé como facultad del Gobierno de la CDMX. Por cierto, eso ocurre en varias entidades federativas (y de hecho también actualmente en la CDMX) y es instrumento de política fiscal y urbana sobre el cual hay amplia experiencia en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Notablemente, se logró que el catastro urbano y el registro público de la propiedad se estructuren e integren en una sola institución, para buscar transparencia en las operaciones inmobiliarias, certeza en el ejercicio de los derechos de propiedad y menores costos de transacción en el mercado.

Se resalta, por otra parte, la importancia del espacio público, de su regulación, creación, recuperación, mantenimiento y defensa; compuesto por calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos y bajo puentes, como elemento fundamental de convivencia, valores cívicos y cohesión social. Se prohíbe su ocupación privada (entendemos que el ambulantaje es una ocupación privada del espacio público). Desgraciadamente, todo este tema quedó como facultad de las alcaldías, no fue posible mantener la figura de la Autoridad del Espacio Público en el gobierno central (aunque ello no impide que después se cree), dado el ímpetu municipalista de muchos diputados constituyentes.

En movilidad y accesibilidad se introdujeron definiciones muy importantes, como un sistema integrado y multimodal de transporte, privilegiando a peatones y a formas de movilidad no motorizada, así como al transporte público y a tecnologías no contaminantes y de baja huella ecológica. Se prevén sistemas inteligentes de circulación y Centros de Transferencia Modal, fundamentales para la eficiencia y confort en un sistema multimodal de transporte. Se obliga al Gobierno de la ciudad a prestar servicios públicos de transporte a través de organismos públicos (Metro, RTP, Metrobús) con planes y programas a mediano y largo plazo.

También destaca que las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo sólo podrán ser otorgadas a empresas formalmente constituidas, lo que supera el problema actual de los microbuses y los hombres-camión. Sin embargo, se mantiene la validez de las concesiones vigentes y su renovación. Y algo muy trascendente: se establecen mecanismos de apoyo financiero al transporte colectivo a través de instrumentos fiscales y económicos de interiorización de costos ambientales (o sea, un posible carbon tax) etiquetado para financiar transporte público. Esto se refuerza con otra disposición que en materia fiscal faculta al Congreso a establecer contribuciones especiales a las actividades que ocasionen impactos a la salud y al ambiente.

Por su lado, el Centro Histórico de la Ciudad de México queda bajo responsabilidad directa del jefe de Gobierno a través de la Autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos. Con ello se libera a éste, que es el corazón de la ciudad y del país, de los intereses y presiones de poderes fácticos en la delegación o Alcaldía de Cuauhtémoc, así como de la corrupción e incompetencia, superándose una situación de responsabilidades difusas y contradictorias a través de un mandato claro al jefe de Gobierno.