Los servicios públicos son la fisiología de una ciudad; lo que le da funcionalidad y la hace operativa. Son los bienes públicos que garantizan el derecho a la ciudad para sus habitantes. Permiten accesibilidad y movilidad, conducen satisfactores vitales como el agua, o aseguran la habitabilidad y salud de la urbe. Son también factor de cohesión social, así como de identidad y de encuentro. Ofrecen un piso homogéneo de convivencia para todos, al igual que oportunidades para los más pobres de cubrir necesidades de transporte, recreación, salud, seguridad y cultura que no pueden obtener en el ámbito privado. También, servicios públicos de amplia cobertura y calidad determinan la competitividad de una ciudad, su capacidad para atraer inversión y talento, y con ello, generar prosperidad y riqueza.

Lógico es que los servicios públicos se operen con tarifas que puedan ser accesibles a toda la población, pero también, que garanticen la recuperación de costos de inversión, mantenimiento y operación. En numerosos casos es indispensable que existan esquemas de subsidio a los servicios públicos, en la medida en que las inversiones requeridas sean muy considerables y que no puedan ser recuperadas por medio de tarifas que se correspondan con el poder adquisitivo de los usuarios. Tal sería el caso, por ejemplo, del Metro o de trenes urbanos y suburbanos, e incluso de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento, también, de sistemas de alumbrado público, de espacios públicos, y de aseo de espacios públicos (vialidades, parques, aceras, plazas, jardines). Claramente, los subsidios requeridos pueden provenir del presupuesto general de la ciudad, o bien de mecanismos de transferencia cruzada, o de impuestos, derechos y aprovechamientos etiquetados expresamente para ello.

Si no existen mecanismos viables a largo plazo que le den sostenibilidad financiera a la expansión y mejoramiento de los servicios públicos, todo queda en riesgo, y no hay manera de dar certeza sobre su operatividad en las condiciones necesarias a través del tiempo.

Está también el imperativo de transparencia, para permitir el escrutinio de la sociedad sobre el origen de los subsidios así como sobre su aplicación puntual, lo cual es requisito vital para prevenir la corrupción y la discrecionalidad, problema fundamental en nuestra ciudad en materia de servicios públicos. Los subsidios igualmente requieren de ser eficientes, en cuanto a cumplir con sus objetivos de equidad y acceso igualitario al menor costo posible, algo que debe ser evaluado en forma regular por parte de entidades externas. Ello conlleva a que los subsidios deban ser focalizados, es decir, aplicados directamente en sistemas de servicios públicos que lo requieren y donde no es posible o deseable la discriminación de precios o tarifas. O bien, cuando es conveniente o recomendable aplicarlos de manera explícita y directa en grupos vulnerables o de bajos ingresos utilizando vales, vouchers, tarjetas u otro tipo de instrumento.

El imperativo de eficiencia también dicta que no deba encubrirse el costo verdadero de los servicios públicos a los ojos de los consumidores o usuarios, para internalizar costos al menos en conciencia o psicológicamente, lo que ayuda a su uso racional y a mantener visible el esfuerzo que el subsidio significa para los contribuyentes y para las finanzas públicas.

Se trata de una visión de eficiencia, de equidad, de transparencia, y de viabilidad financiera para los servicios públicos de la ciudad, propuesta por el que esto escribe, misma que fue rechazada esta semana por el Pleno de la Asamblea Constituyente con los votos de la izquierda (PRD + Morena). Es curioso y preocupante que pulsiones y dogmas ideológicos conduzcan a partidos políticos a rechazar la razón pública. Muy poco esperanzador para la Ciudad de México. Ojalá pueda hacerse prevalecer en sesiones posteriores.