El pasado mes de noviembre fue un hito en la historia de la política ambiental mexicana. Se logró el decreto del parque nacional marino más grande de América del Norte, con exclusión total de pesca, en un contexto en el que los mares de nuestro país y del mundo enfrentan un proceso agudo de deterioro y devastación ecológica por explotación pesquera. Las causas se relacionan esencialmente con la escala de la actividad pesquera, es decir, con un esfuerzo pesquero excesivo donde cada vez más embarcaciones, con tecnologías cada vez más poderosas persiguen, capturan y matan a un mayor número de organismos marinos en todos los ecosistemas, profundidades y niveles tróficos. También, con el uso de artes de pesca con formidables capacidades de depredación, como es el caso de las grandes redes de arrastre de los fondos marinos, palangres (líneas) kilométricos con miles de anzuelos, enormes dispositivos de agregación de peces (objetos flotantes que los congregan), y redes gigantescas de cerco, enmalle y deriva (muros flotantes de la muerte), entre otras. A ello se suma la pesca ilegal, no reportada y no regulada, que alcanza en el mundo a más de la quinta parte de los peces capturados, y que en México supera 40% del total, en la que incurren muchos de los cerca de 3,000 barcos de pesca industrial (sardineros, camaroneros, palangreros, atuneros), y gran parte de las más de 100,000 pangas de pesca ribereña, muchas de ellas sin registro. La incapacidad de instituciones de gobierno supuestamente a cargo de la regulación, ordenación y conservación de pesquerías (Conapesca) es manifiesta.

Por ello, es indispensable crear cada vez más reservas marinas a salvo de la pesca, es decir, parques nacionales u otro tipo de áreas planamente protegidas con diversos esquemas de exclusión pesquera, única forma, en este escenario, de asegurar la conservación de la vida en los mares. Organismos internacionales estiman que debe lograrse la protección de al menos 30% de la superficie marina del planeta, lo que en México significa aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados o 100 millones de hectáreas de nuestra Zona Económica Exclusiva. Significa un verdadero cinturón azul para nuestro territorio marino; objetivo que debe plasmarse como visión y doctrina de Estado que den origen a compromisos y políticas eficaces en materia de mares y costas. Es preciso establecer las capacidades presupuestales, humanas y operativas necesarias para todo ello en la Semarnat y en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lamentablemente esto se encuentra aún fuera del discurso y de la comprensión de nuestros candidatos en lisa, y de la clase política en general. Por supuesto que una visión y doctrina de este tipo exige nuevas instituciones, cambios profundos en el mandato y organización de la administración pública, así como modificaciones sustanciales a la legislación relevante. En particular, es fundamental transferir facultades de regulación marina y pesquera de Conapesca a la Semarnat, así como el Instituto Nacional de la Pesca, que debe transformarse en Instituto Nacional de Ecología Marina.

Obviamente, se requiere asumir y desplegar sistemas eficaces de monitoreo y vigilancia, así como de regulación, disuasión y sanción. En cuanto a monitoreo y vigilancia, recordemos que en abril del año pasado se formalizó en México la creación de la Guardia Costera a cargo de la Secretaría de Marina–Armada de México, lo cual es un paso muy importante. El monitoreo y la vigilancia ahora se facilitan enormemente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías satelitales de percepción remota, localización, identificación y rastreo de embarcaciones pesqueras (Global Fish Watch), que pueden y deben ser aprovechadas por la Guardia Costera de la Secretaría de Marina. Sería un buen comienzo.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.