Esta semana, el Diario Oficial de la Federación publicó los lineamientos para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social. El artículo 68 de la Ley General de Salud, publicada en el 1993, estableció que las autoridades educativas debían promover la participación de la sociedad en actividades que tuvieran por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.

Diecisiete años después, la autoridad federal logró publicar estos lineamientos. Y 17 años después, sólo menos de la mitad de los centros educativos en el país cuenta con este tipo de consejos. Ya ni hablar de las funciones que realizan y de los resultados que arrojan, y menos aún de cómo estos consejos han mejorado la calidad de la educación de los niños y jóvenes o ampliado la cobertura de los servicios educativos en el país. La eficiencia y eficacia de nuestras autoridades educativas ha sido ejemplar.

Los consejos tendrán facultades en asuntos torales de las comunidades educativas; conocerán el calendario escolar; las metas educativas; el avance de las actividades escolares; tomarán nota de los resultados de las evaluaciones; propiciarán la colaboración de maestros y padres de familia; podrán proponer estímulos y reconocimientos; promoverán actividades extraescolares; alentarán el interés familiar y comunitario por el desem­peño del educando, y podrán opinar en asuntos pedagógicos, entre otras. En teoría, supervisarán la operación de las escuelas y contribuirán a que los centros educativos operen de forma más transparente.

El presidente Calderón se comprometió a que la Secretaría de Educación Pública pueda articular el funcionamiento de alrededor de 110,000 consejos más a partir del próximo ciclo escolar. Ojalá que estos consejos escolares no queden en el papel y que la medición de resultados tenga que ver más con la calidad de la educación y la cobertura, que con el número de consejos instalados.

Establecidos los consejos es la tarea fácil, hacer que funcionen y tengan un impacto positivo en la educación requiere de una gran labor de parte de las autoridades federales, estatales, municipales, escolares y, en general, de los miembros de todas las comunidades educativas. No será una tarea fácil. Espero que no pasen otros 17 años para atender una lista interminable de pendientes: designación por concurso de oposición de directivos de los planteles, concurso de plazas de profesores, evaluación de la gestión escolar, programas de formación docente y la lista sigue y sigue.

[email protected]