Por la franqueza con la que habló sobre la crisis financiera que hereda - Tabasco es zona de desastre , definió- su decisión de no solapar trapacerías o ser indolente ante los abusos de la clase política, Arturo Núñez Jiménez obtuvo el reconocimiento de tirios y troyanos cuando rindió protesta como Gobernador de Tabasco.También, por la definición de sus prioridades: resolver definitivamente el problema de las inundaciones que desde hace 12 años han frenado el desarrollo urbano y económico de Villahermosa, en primerísima instancia. A la par, acabar con el desorden administrativo que carcomió al gobierno local, hasta dejarlo indemne ante las exigencias de los acreedores y operativamente inútil.

Núñez Jiménez ha prometido ser un Gobernador progresista, pero apegado al Pacto por México. Y en aras de la austeridad, ha decidido avanzar por un camino que bien podrían seguir el resto de las entidades federativas: dejar en manos del IFE la organización del próximo proceso electoral en la entidad, que tendrá lugar en el verano del 2015.

En la última década, los congresos estatales modificaron las constituciones locales para sincronizar sus calendarios electorales al federal, de modo que ahora prácticamente todas las elecciones son concurrentes. En la reforma política pactada por las fuerzas partidistas durante la Legislatura pasada quedó planteado el objetivo de crear una autoridad electoral que tenga jurisdicción nacional.

Ese propósito está plasmado nuevamente en el Pacto por México, en el apartado correspondiente a los Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática . En una primera oportunidad, Núñez Jiménez propondría una reforma al Código Electoral de Tabasco, que haría posible que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), firmara un convenio con el IFE para dejar en sus manos la organización de las próximas elecciones locales y, en su caso, los procesos de consulta popular.

Queda resolver qué pasaría con los funcionarios electorales formados en el IEPCT, pero resulta evidente que además de eliminar la duplicidad de funciones, habría una notoria reducción de gastos y burocracia. Y también, falta definir cuál sería el destino de los consejeros ciudadanos, en Tabasco y el resto de las entidades que avanzaran en la concentración de las funciones comiciales en un solo instituto electoral nacional.

El tiempo para abordar estos asuntos se aproxima. Antes tendrán lugar las 14 elecciones locales -incluida la renovación de la gubernatura de Baja California- que tendrán lugar el domingo 7 de julio. Para septiembre, la Cámara de Diputados deberá elegir a tres nuevos integrantes del Consejo General del IFE y quizá entonces discuta reforzar su estructura. En el próximo periodo ordinario de sesiones, cuando modifique la integración del IFAI, quedará sentado un precedente.

En definitiva, estos asuntos quedarán en manos de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes -por lo demás- ahora mismo están por dirimir litigios sobre la integración de los órganos electorales en Baja California -donde habrá elecciones el próximo 1 de julio- y el Distrito Federal.

En ambas entidades, hace un mes, los congresos locales eligieron a los nuevos consejeros. En Baja California, ninguno de los cuatro consejeros susceptibles de ser ratificados fue seleccionado; los nueve nuevos consejeros -siete numerarios y dos supernumerarios- fueron seleccionados, de una lista de 60 candidatos previamente validados.

Por separado, siete candidatos elegibles impugnaron la designación y acudieron al Tribunal electoral para demandar al Poder Legislativo de Baja California; entre ellos Rodolfo Adame, quien aun funge como Consejero Electoral, pero quien no resultó ratificado el pasado 13 de diciembre.

Este mediodía está convocado el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal para una sesión extraordinaria, la última en la que participan los siete consejeros ciudadanos que cubrieron un periodo de seis años.

La orden del día está repleta de reportes de cierre, además de los asuntos pendientes y la presentación del último informe del presidente, Néstor Vargas. La próxima semana deberán presentarse los nuevos consejeros pero antes, el Tribunal electoral deberá resolver sobre diversas quejas presentadas contra la Comisión de Gobierno de la ALDF, que preside el perredista Manuel Granados, por la designación de Luigi Paolo Cerda Ponce como Consejero Electoral.

Inicialmente, el expediente fue turnado a la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza y los demandantes han llevado hasta la última instancia su oposición a que este abogado se convierta en Consejero, por su reciente pasado partidista y presuntos vínculos con René Bejarano.

Cerda Ponce -cuyo hermano Ángel Fernando es Coordinador de Asuntos Parlamentarios en la ALDF- fue titular de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD. Para participar en el proceso de selección de consejeros electorales, declaró que se había separado de ese partido hace más de cinco años. En los alegatos que presentaron ante el Tribunal electoral, sus detractores presentan sentencias judiciales que resolvió a mediados del 2008, además de la lista de integrantes del V Consejo Estatal del PRD del DF, donde resultó electo. De esta forma, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, quedará exhibido por haber aceptado a candidatos que no cumplían con los requisitos de ley. Si el Diputado no sabía de este tema, también fue engañado por Cerda Ponce , sostienen los denunciantes, quienes además exigen que el magistrado Flavio Galván Rivera se excuse de participar en la resolución de este litigio, pues una fundación que preside, extendió una carta de apoyo a Cerda Ponce.