Los retos que como país enfrentamos en México exigen un Congreso que asuma plenamente su responsabilidad. Se trata de elaborar leyes que coloquen el bienestar común por encima de cualquier otra consideración, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos, y regulando los distintos ámbitos de acción que impactan en la sociedad.

Suena sencillo, pero basta revisar el Artículo 73 constitucional para dimensionar el abanico de temas sobre los cuáles el Congreso debe erigirse como fuente de soluciones, y que van desde la educación, la participación política, la paridad entre hombres y mujeres, el crecimiento económico y la justicia, hasta la coordinación hacendaria, sectores estratégicos como telecomunicaciones y energía, así como el combate a la corrupción.

En este sentido, no es casualidad que los estudiosos de la teoría política le otorguen preeminencia al poder Legislativo por encima del Ejecutivo y el Judicial. Ello es así porque en el Congreso es donde mejor se expresa la voluntad popular, y donde se elaboran las leyes que dan sustento a los otros dos poderes.

En otras palabras, el Congreso es donde se define la arquitectura que le da forma al Estado mexicano, y donde se sustenta el diseño de las instituciones que se han ido construyendo a lo largo de generaciones.

Al mismo tiempo, al ser el representante de la diversidad que habita en nuestro país, el Congreso se erige también en el mejor garante de la división de poderes. Y qué bueno que así sea. No obstante, lo anterior también supone un desafío.

Me explico: electoralmente hablando, la sociedad mexicana ha dejado en claro su carácter plural. Esto ha dado como resultado el que una característica estructural de nuestra democracia sea que ninguna fuerza política obtenga mayoría. Así lo han decidido los electores durante los últimos 20 años.

Lo anterior significa que, para avanzar en la tarea de legislar, de construir, de transformar, sea imprescindible que haya diálogo y negociación entre los diferentes partidos políticos representados en el poder Legislativo. Es decir, se requiere que el Congreso sea la casa de los acuerdos, y que los legisladores diseñemos andamiajes que permitan atender las necesidades del gobierno, de las empresas, de los grupos marginados, y en general de toda la sociedad, generando una sana gobernanza.

Nuevamente, puede sonar sencillo, pero no perdamos de vista que, por más de 15 años, la constante fue la parálisis legislativa, y que no fue sino hasta este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que por fin se lograron sacar adelante las reformas que tanta falta hacían a nuestro país. En este sentido, y hacia delante, es necesario que las y los legisladores privilegien las coincidencias por encima de las diferencias, que tengamos la capacidad de tender puentes entre las diferentes corrientes ideológicas; teniendo claro que unidad no significa unanimidad, y que debemos hacer del diálogo, el respeto y la razón, las herramientas para seguir ofreciendo a nuestro país las soluciones que se requieren.

Es con esa visión que asumiré la gran responsabilidad que me ha conferido mi partido de postularme como candidata a diputada federal en la siguiente Legislatura. Convencida de que México requiere un Congreso proactivo, un Parlamento abierto, que actúe con sensibilidad y transparencia ante la ciudadanía, escuchando y respondiendo ante las demandas de la sociedad. Que rinda cuentas y fiscalice el buen uso de los recursos. Que entienda que la división de poderes no significa que no haya colaboración entre poderes. Y que, en ese sentido, asuma plenamente su corresponsabilidad de construir, junto con el Ejecutivo, grandes soluciones nacionales a los desafíos de Estado que enfrentamos.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Ex presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, AC.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.