El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, anunció la inhabilitación e investigación en contra de cinco exfuncionarios de esa paraestatal, acusados de participar en un fraude por 1,800 millones de pesos.

Se trata del caso de defraudación de mayor cuantía denunciado por la SFP en toda su historia.

Los exfuncionarios, en su momento, ejercían los cargos de Delegado Fiduciario Especial encargado de la liquidación, Subdirector General Jurídico, Subgerente de Servicios Especiales, Jefe de Área de la Subgerencia de Servicios Especiales y Jefe de Área de la Subdirección General Jurídica.

Hoy le puedo adelantar los nombres de los exfuncionarios: Enrique Alejandro Rivas Zivy, Delegado Fiduciario Especial de Banobras y encargado de la liquidación; Efrén Alejandro del Pozo Castro, Subdirector General Jurídico; Antonio Paredes Ruiz, Subgerente de Servicios Especiales; Saúl Ramón Tiburcio, Jefe de Área de la Subdirección General Jurídica; Pedro Rodolfo Muriel Salazar, Jefe de Área C de la Subgerencia de Servicios Especiales.

La SFP realiza ya las revisiones patrimoniales de todos los funcionarios públicos, para ver si se justifican o proceder penalmente en contra de ellos.

La denuncia penal incluye a cuatro empresas privadas que están involucradas en los hechos: Remetsa, de Juan Guzmán Cabrera; Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba. Las otras empresas son Remesare Cicloaceros y Varios Negocios de Acero, de José Fernando Sánchez Alarcón.

Son empresas privadas y se han presentado denuncias contra ellas. Tienen que ser investigadas y ver si son responsables penalmente y tratar de recuperar el dinero que se pagó indebidamente.

En el 2007, cinco servidores públicos de Ferronales gestionaron sin ninguna autorización y sin tener facultades legales, la enajenación de vías de ferrocarril a cuatro empresas. Se trata de cinco tramos de vías útiles con todos sus accesorios: rieles, durmientes, pernos y otros, con un peso de más de 50,000 toneladas, construidas con acero de la más alta calidad.

El acero entregado a las empresas equivale a tres veces el que fue utilizado para construir la red del Metro de la ciudad de México o a siete veces el de la estructura del de la Torre Eiffel de París.

Los involucrados autorizaron levantar y entregar más de 590 kilómetros de vías instaladas en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Puebla.

Los daños en la infraestructura se traducen en más de 1,028 millones de pesos sólo en Chihuahua y más de 570 en Puebla, casi 147 en Durango, 101 en Jalisco y más de 28 en Michoacán. Por ello, la entrega ilegal de estas vías férreas causó un daño total al patrimonio federal que supera los 1,800 millones de pesos.

Sin duda, la SFP, con Salvador Vega Casillas, está develando casos de corrupción muy graves, pero al mismo tiempo ha avanzado en la reestructuración de la dependencia, con el propósito de prevenir y evitar los actos ilícitos.

Hay que recordar que no hace mucho se hablaba de la necesidad de desaparecer a la SFP. Incluso fue propuesta por el presidente Felipe Calderón.

Los casos que hoy se hacen públicos, tal vez no hubieran llegado a buen puerto con la desaparición y por lo menos la reconversión de la dependencia.

Presiones contra campaña antiobesidad

Los lineamientos de la campaña contra la obesidad en las escuelas está en el horno, pero nomás no terminan de cocerse.

Aunque en el gobierno dicen que no hay retardo, lo cierto es que parece lo contrario. De lo que no hay duda, es que las grandes corporaciones relacionadas con los alimentos chatarra están haciendo enorme presión, en conjunto con las organizaciones empresariales, para que el gobierno, es decir la Secretaría de Salud, de José Ángel Córdova, y la Secretaría de Educación Pública, de Alonso Lujambio, desistan de su intención de prohibir los alimentos no nutritivos en las escuelas.

CUENTOS VERAS

Ayer sesionó la primera asamblea de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México (Fiidem), esfuerzo conjunto de instituciones de educación superior, gobierno y empresas, que pretende contribuir al desarrollo de este sector.

La asamblea se realizó en la torre de Rectoría de la UNAM que encabeza José Narro. Convergen, entre otras 9,300 empresas constructoras en las que se incluyen las 17 más importantes del país.

En la sesión, estuvo el presidente honorario, el rector José Narro y también, Bernardo Quintana, Guillermo Guerrero, Juan Carlos Romero Hicks y Mario Delgado, entre otros.