Históricamente el despliegue la de la infraestructura de telecomunicaciones se ha centrado en zonas urbanas. Un énfasis que se ha ido expandiendo a zonas suburbanas de América Latina gracias al crecimiento demográfico y adquisitivo de los habitantes de estas localidades. El impacto es claro, las zonas más pobres y con menos habitantes son las más incomunicadas de la región.

De esta forma, cuando en los grandes congresos del mundo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), se habla de las bondades y oportunidades que ofrece la digitalización, las posibilidades que ofrece este discurso son inaplicables en aquellas localidades en donde la población tiene más urgencia en mejorar su calidad de vida.

Obviamente, hablar de este tema para muchos es llover sobre mojado. Es reiterar una vez más una situación ampliamente conocida por gobiernos y entidades multilaterales. El problema no es entender las diferencias en conectividad, disponibilidad de infraestructura y accesibilidad que existen en el mercado. Tampoco se trata de encontrar oposición a la necesidad de establecer políticas públicas dirigidas a corregir las falencias existentes en la disponibilidad de TIC y de esta manera poder garantizar una equidad digital a todos los ciudadanos.

La cuestión de fondo radica en la necesidad de comenzar a expandir el discurso de la brecha digital, de la falta de conectividad y de los beneficios de las nuevas generaciones tecnológicas para amoldarlo a la realidad de cada localidad de América Latina y el Caribe. En lugar de darnos palmaditas en la espalda por los avances que se han dado en la nueva normalidad, reconozcamos que esa nueva normalidad la han vivido principalmente los quintiles económicos más altos y educados de la región.

Aquellos que tienen la fortuna de poseer en su hogar una conexión robusta a Internet de alta velocidad, que cuentan con un dispositivo adecuado para efectuar su trabajo y que poseen el software especializado que requiere el mismo. Esto sin contar los niveles de bilingüismo necesarios que son determinantes en gran parte de los trabajos que dependen de la productividad de una persona frente a su computador.

En otras palabras, en una región donde, según cifras de la consultora Global Data más del 70% de las líneas móviles se pagan bajo un esquema prepago, es muy difícil que la mayoría de la población tenga las herramientas necesarias para amoldarse a ese pedante y excluyente apelativo de “nueva normalidad”.

Las palabras son poderosas y hablar de una nueva normalidad es callar que en América Latina y el Caribe, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el trabajo informal representa en promedio alrededor del 58% de todos los empleos en esta región, cifra que sube hasta superar el 70% si se consideran sólo los empleos en zonas rurales. Cuando hablemos de iniciativas de conectividad, de achicar la brecha digital o de crecimiento económico impulsado por las TIC, hagámoslo de forma transversal.

Si vamos a referirnos al impacto del COVID-19, es importante tener en cuenta que, cada mes bajo la pandemia equivale a un año de aprendizaje y concientización por parte de la población y de los tomadores de decisión de política pública, como se escucha en charlas del Banco Interamericano de Desarrollo. Este mensaje positivo no significa que conjuntamente haya una realidad no tan agradable o que el costo de este aprendizaje sea bastante oneroso.

Si nos fijamos en el mundo laboral, durante el COVID-19 los niveles de informalidad se han ido incrementando, en parte por lo que nos comenta la Organización Internacional del Trabajo: la pandemia ha causado la perdida de 26 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Quienes han podido integrarse al teletrabajo son unos pocos afortunados, muchas veces pioneros, por lo que hay que buscar formas de frenar o aminorar el impacto que una nueva parálisis nacional pueda tener en los ingresos de los hogares latinoamericanos en un futuro.

La falta de acción por parte de algunos gobiernos para aminorar el impacto de la pandemia ha servido para exacerbar la situación de los habitantes de las zonas más vulnerables. La Comision Económica para América Latina (CEPAL) ya había indicado que durante 2020 la pobreza en América Latina aumentó hasta alcanzar a ser el 33,7% de la población. Sin medidas para amortiguar el impacto de la pandemia, CEPAL indica que la tasa regional de pobreza habría llegado a 37,2%. Desgraciadamente, según sus estimados, el no hacer nada para amortiguar el impacto económico del COVID-19 significó un aumento de la pobreza durante 2020 de 52,3% a 58,6% en Honduras, 41,5% a un 50,6% en México, y de 46,3% a 50,7% en Nicaragua.

Si nos centramos en la educación durante tiempos de COVID-19 vemos que alrededor de 120 millones de niños latinoamericanos, según cifras del Banco Mundial, habían perdido o estaban a punto de perder un año escolar. Esto en una de las regiones del mundo con mayor cantidad de países presumiendo el combate a la brecha digital por medio de regalar tabletas, portátiles y hasta televisores digitales.

Queda claro que aquellos que se estarían beneficiando más del impacto positivo de las TIC en el producto interno bruto (PIB) de sus países son los que más han sido afectados por la pandemia. ¿De qué sirve que estudios de la Universidad de Columbia, la GSMA o la Escuela de Negocios de Londres estimen un crecimiento del PIB que oscila entre un 0,7% a un 3,6% anual por cada diez puntos porcentuales de adopción por parte de la población de nuevas tecnologías como la banda ancha de alta velocidad, sino hay proyectos para hacer realidad este incremento potencial de la economía?

Según advierte el Banco Mundial para que esto ocurra hace falta la “causalidad” o dicho de forma más sencilla: los proyectos e iniciativas que aprovecharán el crecimiento en adopción de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida a las personas.

Hay que sembrar para poder cosechar. Una cosecha que incluiría, entre otras cosas, soluciones de teletrabajo, telemedicina, teleducación y gobierno electrónico que uno pueda imaginar. De esta misma forma, la falta de acción por parte de los gobiernos para mitigar el impacto económico del COVID-19 ha resultado en el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema en gran parte de América Latina y el Caribe.

Los desafíos son mucho más profundos, no basta la autocrítica ni la confesión de los pecados. Así como al hablar de transformación digital se hace énfasis en la transversalidad de este tipo de estrategias a nivel gobierno o corporativo. La meta es asegurar el intercambio de información, la comunicación entre las diversas entidades públicas o las diferentes divisiones de una empresa. Las soluciones también tienen que ser transversales simplemente porque los problemas son transversales.

Atender la brecha digital, conectar a los no conectados, materializar en el mundo real las aspiraciones de los ponentes de congresos de telecomunicaciones requiere de un acercamiento transversal que atienda todas las necesidades del ciudadano. Desde su derecho a un hogar, a comida y a un trabajo como a la educación y un trato justo por parte de las autoridades.

Sin un acercamiento holístico que entienda a la pobreza como el gran freno de las TIC continuaremos celebrando eventos de telecomunicaciones hablando de la tierra de nunca-jamás donde todos los niños son felices porque confían en la derrota del Capitán Garfio. ¿Y si algún día no aparece Peter Pan?

Así como la cobertura no es la solución, hay que pensar en accesibilidad, mantenimiento, logística, educación y docenas de otras variables al momento de hablar de las numerosas brechas digitales también es sumamente importante recordar que, aunque sea positivo que legalmente se consideren a las TIC como elementos esenciales para la ciudadanía ya sea como servicio público o derecho humano, la tinta en el papel tiene que ir acompañada con acciones concretas que consideren y estén conscientes de la estructura de costos que tienen los distintos componentes de las TIC.

Hasta uno de los documentos más importantes de la humanidad en materia de derechos humanos, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” reconoce la importancia de los recursos económicos al momento de reducir la pobreza e impulsar iniciativas que busquen ofrecer a la población los recursos necesarios para que los ciudadanos tengan acceso, entre otras cosas, a una vivienda, educación y a una alimentación adecuada.

Quien lo dude que revise el primer inciso del segundo artículo de este documento, que lee: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Nadie tiene el capital financiero para acabar con todas las desigualdades de la sociedad. Por eso, impulsar desarrollo de las TIC en zonas rurales, apartadas y de población con bajo poder adquisitivo no se da simplemente con expandir cobertura. La cobertura apenas es un componente de la solución, pensar que es la panacea es simplemente un error. Hay que elaborar planes donde la gestación de hospitales, escuelas, entes de seguridad, municipalidades y cualquier otra entidad pública que ofrece servicio al ciudadano vayan digitalizándose con el pasar de los años. Sí, años porque este es un problema que tardara décadas en resolverse y solo podremos acercarnos a una solución si son parte de esta todos los actores de un país: el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.