El gobierno de México ha decidido renunciar a la posibilidad de controversia contra Argentina ante la Organización Mundial de Comercio por la decisión unilateral de ese país de suspender la vigencia del llamado ACE 55, al amparo del cual México exportaba vehículos a ese país sudamericano.

En lugar de la controversia se ha llegado a un protocolo modificatorio que abre una vía distinta para el futuro de la balanza de pagos automotriz con Argentina. Detrás de la reacción mexicana, hay claramente motivaciones de tipo político, comercial y diplomático.

Desde el ángulo político, posiblemente no le pareció adecuado a la administración de Peña Nieto seguir una senda de acción que se había decidido en el gobierno de Calderón. Desde el ángulo diplomático, se tiene programado un encuentro entre Cristina Fernández y Peña Nieto próximamente en Chile, al cual, quizá, no se juzga conveniente llegar en un ambiente de enfrentamiento. Desde el ángulo de política comercial, ya se dijo que se considera mejor un arreglo.

La enmienda conseguida por Ildefonso Guajardo tiene dos partes. La principal, que las exportaciones mexicanas de vehículos a Argentina continúen restringidas -a un nivel 40% del que tenían en el 2011, según el Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz- a cambio de obtener liberalización total a partir de marzo del 2015. La segunda es el compromiso para elevar el contenido local de los vehículos que se exportan hasta llegar a 40% en el 2016.

¿Qué hubiera pasado de haberse seguido el camino de la controversia elegido por la administración pasada? No es posible saberlo con certidumbre, pero de haber sido exitoso, el costo para la industria automotriz nacional resultaría alto.

Estimaciones gruesas basadas en lo que exportaron las automotrices a Argentina en el 2011 (1,100 millones de dólares) ubicarían esa pérdida en aproximadamente 2,000 millones de dólares en el trienio que va del 2012 al 2014.

Se podría argumentar que los beneficios generales de una solución conciliatoria y la posibilidad de asegurar la remoción de las restricciones en el 2015 bien valen asumir los costos de esa vía de acción. Parecería, además, que la meta buscada por el gobierno argentino es más bien ganar tiempo hasta el 2015. ¿Pero ganar tiempo para qué? Tal vez para que se produzca una crisis devaluatoria que saque a la moneda argentina de la situación de gran sobrevaluación en que se encuentra y la cual frena sus exportaciones.

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