Este gobierno se ha avocado a incrementar el poder presidencial, como comentaba en mi artículo anterior. Si bien esto facilita impulsar la agenda del Presidente, no contribuye a fortalecer al estado mexicano. Al contrario, lo debilita, con un alto costo para el país. Por estado fuerte me refiero aquí a uno capaz de cumplir eficazmente con sus funciones esenciales, como es garantizar la seguridad pública y el estado de derecho, proveer servicios e infraestructura y ampliar oportunidades para el desarrollo humano. No hay que confundir, en este sentido, estado fuerte con estado autoritario.

El estado mexicano nunca ha sido particularmente fuerte, como lo ilustra el que los ingresos públicos en términos del PIB hayan sido históricamente bajos en comparación con otros países. Se ha debilitado aún más durante este gobierno, por decisiones que mermaron la capacidad estratégica, técnica y de operación gubernamental. Veamos algunos ejemplos. La pandemia puso en aprietos a todos los gobiernos, pero su manejo ha sido particularmente deficiente en México. Con todo y las carencias heredadas, México tenía capacidad para responder mejor, con menos contagios y muertes, además de un menor daño a la economía. El problema principal no fue la escasez de recursos, como lo muestran los subejercicios en el presupuesto asignado a salud. Se dieron fallas en la estrategia y en la operación, y se desaprovecharon los instrumentos disponibles, incluyendo la colaboración con las autoridades estatales y el sector privado, aunado a la precipitada y mal planeada creación del INSABI. Hay también desabasto de medicinas, resultado de errores en su adquisición, así como rezago en acciones de salud preventiva y tratamiento de otros padecimientos. En cuanto a la seguridad pública, el crimen organizado controla cada vez más territorio y todo apunta a que en esta administración se batirá el record de homicidios. Por lo que se refiere al combate a la pobreza -bandera del gobierno-, no sólo aumentó significativamente el número de pobres, sino que los más pobres reciben ahora una menor proporción de los recursos de los programas sociales, al no estar bien focalizados los apoyos. Padecemos apagones con una frecuencia no vista en décadas y se degradó la calificación de seguridad aérea, reflejando las pérdidas en la capacidad gubernamental. Podríamos seguir con más ejemplos.

Hay lastres de administraciones anteriores, pero no es válido culparlas de todo después de tres años de gobierno. No es evidente una visión del futuro al que se aspira -salvo por grandes enunciados-, que venga acompañada de una estrategia congruente para alcanzarla. La destrucción sin distinciones de lo realizado por gobiernos anteriores parece ser la prioridad, en vez de construir hacia adelante. También se redujo la capacidad técnica y operativa de las dependencias. Muchos funcionarios experimentados y comprometidos salieron del gobierno y fueron reemplazados por otros sin la experiencia o el perfil adecuado. El Presidente parece pensar que la lealtad hacia México y el compromiso con el servicio público, solo es posible dentro de su movimiento. También ha declarado que prefiere la honestidad a la capacidad, como si estas fueran antagónicas. Muchos de los sobrevivientes a la purga de funcionarios de administraciones pasadas realizada al inicio del gobierno, optaron por renunciar ante la reducción desmedida de su salario o al enfrentar condiciones inadecuadas para ejercer sus funciones eficaz y dignamente, como resultado de la severa política de austeridad. Recuperar cuadros calificados y capaces es tarea compleja que toma tiempo, por lo que el daño perdurará. La política de austeridad, la insuficiente inversión y la cancelación de fondos y fideicomisos, también limitan la capacidad del estado para responder ante emergencias y para llevar a cabo funciones que requieren planeación multianual. El espacio fiscal, ya reducido al inicio, tiende a desaparecer. Mientras tanto, el gobierno compromete los presupuestos actuales y del futuro en pensiones, en Pemex y otras, dejando menos para otras prioridades.

No es un buen augurio que el poder presidencial se fortalezca mientras se debilita la capacidad del estado. La historia muestra que esta combinación puede durar mucho tiempo e infligir un alto costo a la sociedad. Sin pretender que estamos ya en esa situación, considere el caso de Venezuela. Maduro se mantiene en el poder con pocas ataduras, a pesar de su incapacidad para atender las necesidades básicas de la población y que su gobierno y el de Chávez hundieron al país en una de las peores catástrofes humanitarias en la historia. Tampoco es deseable la combinación de líder poderoso y estado muy fuerte. Esa suele llevar a dictaduras sangrientas como la nazi, con consecuencias conocidas.

Las democracias consolidadas ofrecen un mejor modelo al que aspirar. El poder de sus líderes es acotado y saben que deben actuar conforme al interés público o quedarán fuera. Estos estados cuentan, a su vez, con suficiente fuerza y capacidad para hacerse de recursos y proveer servicios públicos de calidad, brindar oportunidades de desarrollo y mantener la seguridad pública. Avancemos mejor en esta dirección.

*El autor es especialista en políticas públicas. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

Twitter: @GustavoMerinoJ